La Junta de Castilla y León ha acordado iniciar un expediente sancionador contra el matadero de Segovia en el que fueron sacrificados más de 200 ciervos procedentes de actuaciones de control poblacional en el Monte de El Pardo. El procedimiento se abre después de una denuncia animalista y se encuentra todavía en fase de instrucción, por lo que será la Administración la que determine si existieron incumplimientos y, en su caso, las responsabilidades correspondientes.
El motivo concreto que ha dado lugar al expediente es la supuesta «falta de comprobación de los indicadores de aturdimiento tras el empleo del arma de proyectil libre». La organización denunciante sostiene que esta conducta podría constituir una infracción muy grave de la normativa de bienestar animal, castigada con multas de entre 6.001 y 100.000 euros. Sin embargo, esa calificación y la posible sanción tendrán que quedar acreditadas durante la instrucción: la apertura del expediente no equivale todavía a una condena administrativa.
Más allá de las posibles irregularidades que puedan haberse cometido en las instalaciones —que deberán ser investigadas—, el episodio vuelve a mostrar una realidad que el animalismo suele evitar cuando exige la eliminación de la caza: las poblaciones de grandes ungulados no dejan de crecer porque se prohíba o se abandone su aprovechamiento cinegético.
Cuando desaparece la caza como herramienta de gestión, los animales siguen teniendo que ser retirados del medio. La diferencia es que, en lugar de ser abatidos en el campo y aprovechados directamente, son capturados, agrupados y sacrificados de forma industrial en un matadero.
Más de 200 ciervos trasladados desde El Pardo
Los hechos investigados afectan a más de 200 ciervos procedentes del Monte de El Pardo, un espacio gestionado por Patrimonio Nacional en el que las elevadas densidades de ungulados obligan a realizar actuaciones periódicas de control poblacional. Los animales fueron trasladados hasta un establecimiento autorizado de la provincia de Segovia para su sacrificio. Según la información conocida cuando se difundió el caso, el centro contaba con autorización para esta actividad, trabajaba bajo supervisión veterinaria oficial y sacrificaba cada año alrededor de 2.300 cérvidos procedentes de controles poblacionales.
La Junta también ha confirmado que los ejemplares declarados aptos para el consumo humano después de la inspección veterinaria se incorporaron a la cadena alimentaria y que sus canales fueron destinadas a establecimientos situados dentro del territorio nacional. Por tanto, el expediente no cuestiona que las poblaciones de ciervos tuvieran que ser reducidas ni que su carne pudiera aprovecharse. Se centra en determinadas prácticas realizadas durante el manejo, el aturdimiento y el sacrificio de los animales dentro del matadero.
De la gestión cinegética al sacrificio industrial
Jara y Sedal ya informó el pasado mes de mayo de la contradicción que rodeaba este caso. La organización que impulsó la denuncia mantiene desde hace años una posición frontal contra la actividad cinegética y llegó a proclamar públicamente que «cazar es asesinar». Ahora ha conseguido que se investigue el procedimiento utilizado para sacrificar a unos animales cuya población, de una forma u otra, debía ser controlada.
La posible existencia de irregularidades muestra las consecuencias que puede tener la sustitución de la caza por sistemas más complejos de captura, concentración, transporte y matanza. En una acción cinegética correctamente planificada, el animal es abatido en su propio hábitat y su carne puede ser aprovechada posteriormente. En el modelo aplicado con estos ciervos, los ejemplares son capturados vivos, sometidos al estrés propio del manejo y el traslado y conducidos hasta unas instalaciones industriales para ser sacrificados.
Si durante ese proceso no se respetaron las obligaciones de bienestar animal, deberán depurarse las responsabilidades que correspondan. Pero el problema de fondo seguirá sin resolverse con una multa: mientras las poblaciones de ciervos continúen creciendo por encima de la capacidad del espacio, será necesario retirar animales.
El expediente todavía no implica una sanción
La denuncia fue presentada el 22 de diciembre de 2025 después de que la organización recibiera unas imágenes grabadas en marzo de ese año. Tras analizar los hechos, la Junta efectuó controles adicionales, implantó medidas correctoras y comenzó los trámites que han desembocado ahora en la apertura formal del expediente.
El procedimiento está actualmente en fase de instrucción. Esto significa que todavía no existe una resolución definitiva ni puede afirmarse que el matadero haya cometido una infracción muy grave. La Administración deberá analizar las pruebas, escuchar a las partes y determinar el alcance real de los posibles incumplimientos.
El caso vuelve así al mismo punto de partida. Se puede rechazar la caza por motivos ideológicos, pero no se puede eliminar la necesidad de gestionar las poblaciones silvestres. Cuando se impide que esa regulación se realice mediante una actividad cinegética ordenada, el resultado no es que los animales vivan indefinidamente sin intervención humana: terminan capturados y sacrificados en instalaciones industriales.
