El Senado de España ha sido escenario este lunes de un acto de enorme relevancia para el mundo rural: la presentación del nuevo estudio sobre el Impacto económico, social y ambiental de la caza en España, elaborado por Deloitte para Fundación Artemisan. El informe, apoyado por el Ministerio de Agricultura, ha puesto sobre la mesa la dimensión real del sector cinegético y su papel clave en la conservación, la economía rural y el equilibrio ecológico.
El evento se celebró en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Alta, en un ambiente de unidad y reconocimiento institucional. Senadores, diputados, técnicos y representantes del sector cinegético escucharon atentamente la intervención del presidente del Senado, Pedro Rollán, que no escatimó elogios hacia la actividad cinegética, calificándola como «necesaria e imprescindible». La jornada arrancó con una recepción previa en el Salón de las Autonomías, en la que participó el presidente de Fundación Artemisan, José Luis López-Schümmer, junto a los patronos y técnicos de la entidad.
Apoyo institucional sin fisuras
Durante su discurso, Pedro Rollán defendió la caza como «una actividad necesaria e imprescindible para el mantenimiento de la biodiversidad» y subrayó su impacto positivo «en el ámbito económico, social y medioambiental, además de contribuir a la lucha contra el reto demográfico».
Rollán también citó a Miguel Delibes para destacar que «un cazador es un ecologista con conocimiento de causa» y aseguró que «muy pocas personas protegen y respetan más la fauna y la biodiversidad que los cazadores». En un contexto de creciente presión legislativa y social contra el sector, estas palabras suponen un respaldo sin precedentes desde la segunda autoridad del Estado.
Datos contundentes y retos de futuro
El estudio revela cifras que desmontan cualquier discurso contrario a la caza desde la ignorancia o el prejuicio: 10.190 millones de euros de PIB, 199.000 empleos sostenidos —de los cuales más de 45.000 son directos y el 80 % se localiza en zonas rurales—, y 320 millones de euros invertidos anualmente en conservación. Solo la Administración invierte más que el sector cinegético en la gestión del medioambiente.
Además, se calcula que en España hay al menos 577.742 cazadores, con 891.889 licencias en vigor en 2023, cuya labor va mucho más allá de la actividad recreativa. Los cazadores contribuyen activamente a la prevención de accidentes de tráfico, al control de enfermedades y a la conservación de especies protegidas.
José Luis López-Schümmer agradeció la acogida en el Senado y recalcó que las decisiones deben tomarse «desde el rigor y los datos». Además, trasladó a los presentes algunas demandas históricas del sector, como la restitución de la caza en parques nacionales, la lucha contra el furtivismo, el impulso del consumo de carne de caza, el relevo generacional o la necesidad de basar la regulación del uso del plomo en evidencia científica.
El compromiso del Senado
La jornada se cerró con una mesa redonda en la que intervinieron el director de Fundación Artemisan, Luis Fernando Villanueva, y los senadores María Teresa Macías y José Domingo Martínez. Todos coincidieron en destacar la trascendencia de este nuevo informe, cuya primera edición en 2018 ya supuso un hito, y que en esta segunda entrega vuelve a poner negro sobre blanco el papel esencial de la caza en España.
El respaldo del Senado al sector no es solo un gesto simbólico. Supone una llamada a la acción para políticos, medios y sociedad civil ante un sector estratégico, vertebrador del territorio y garante de biodiversidad.
