En 2021, el mundo rural y la caza vivieron un año complicado debido a medidas gubernamentales que restringieron la actividad cinegética, como la prohibición de cazar en parques nacionales y el borrador de la Ley de Derechos de los Animales. Además, una reforma del Código Penal impulsada por Unidas Podemos amenazaba la caza y la pesca. Ante el creciente descontento del sector y la convocatoria de manifestaciones en Madrid, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) presentó una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética para intentar calmar los ánimos.
El anuncio de la estrategia fue recibido con escepticismo desde el primer día, y los hechos han confirmado los peores presagios. Lo que se presentó como un avance histórico para la caza en España ha terminado siendo un documento sin aplicación práctica, sin fondos y sin compromiso real por parte del Gobierno. La estrategia pretendía equilibrar biodiversidad, regulación de especies y desarrollo rural, pero hoy es solo papel mojado mientras el sector cinegético sigue abandonado a su suerte.
Un engañabobos para la caza que se veía venir
Lo advertimos en 2022: esta estrategia era una cortina de humo. El Ejecutivo, con Luis Planas al frente, vendió una serie de medidas que nunca se materializaron, en un evidente intento de apaciguar los ánimos en plena escalada de tensión con el mundo rural. Sin obligación para las autonomías y sin financiación, la estrategia nació muerta.
Israel Hernández, director de este medio, lo dijo claro: «Sería estúpido pensar que la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, que sólo es humo, va a salvar la caza en España. La verdadera estrategia es seguir tomándonos por tontos mientras pasan nuestros derechos, uno a uno, a cuchillo»
Una estrategia para frenar una manifestación histórica
El calendario no engaña. El anuncio llegó justo antes de la gran manifestación del mundo rural en Madrid, que congregó a cientos de miles de personas clamando contra la Ley de Bienestar Animal y la reforma del Código Penal. Leyes que, lejos de ser rectificadas, fueron aprobadas, ignorando por completo las demandas del sector.
Lo más sangrante es que, mientras se ignoran las necesidades de los cazadores, la actividad cinegética genera cifras que cualquier sector envidiaría. Según Deloitte, la caza aporta 614 millones de euros anuales a las arcas públicas, genera 6.475 millones de euros en actividad económica y sostiene 187.000 empleos, representando el 0,3% del PIB.
Para ponerlo en perspectiva, la caza supone el 13% del sector agropecuario, el 4% de la construcción y el 9% del sector financiero. Además, los cazadores invierten 233 millones de euros al año en conservación medioambiental y 54 millones en mantenimiento de infraestructuras rurales.
Un papel clave en la seguridad vial y la sanidad animal
Más allá del impacto económico, la caza tiene beneficios directos para la sociedad. La gestión de poblaciones cinegéticas reduce accidentes de tráfico por fauna salvaje, minimiza siniestros agrícolas y controla enfermedades animales que podrían propagarse al ganado y a las personas. A pesar de todo esto, el Gobierno sigue sin mover un dedo para proteger y promover la actividad.
El Gobierno intentó aplacar a los cazadores y presentó la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética
Tres años después de su aprobación queda más claro que nunca que la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética fue un gesto vacío, una maniobra para ganar tiempo mientras el campo ardía en protestas. Hoy, la caza sigue desamparada, sin apoyo institucional y con la sensación de que el Gobierno solo se acuerda de los cazadores cuando necesita desactivar movilizaciones. La realidad es que la caza sostiene pueblos, economías y ecosistemas, y seguir ignorándola es no solo una falta de respeto, sino un error estratégico que puede salir muy caro a España en el futuro.
