El pasado 5 de enero el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) presentaba la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética. Según sus creadores, la iniciativa ha sido puesta en marcha para «fomentar una actividad cinegética sostenible, que permita el equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, una gestión ecosistémica adecuada, el control de las poblaciones cinegéticas y la generación de riqueza en el medio rural». Ayer calificaban su aprobación en la propia web del MAPA como «un hito para la caza sostenible y la dinamización del medio rural», pero la realidad es que se trata de un proyecto que no es vinculante y, por tanto, no tiene por qué ser adoptado por las autonomías. Además, ni siquiera hay presupuesto adjudicado.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mostrado sin embargo su satisfacción tras la aprobación este lunes, por unanimidad, del proyecto. «El respaldo hoy de todas las comunidades autónomas a esta estrategia es un una apuesta decidida de este Gobierno por el medio rural. Estamos ante una experiencia pionera, fruto de un largo trabajo y de una colaboración constructiva de todos los agentes implicados para lograr una caza sostenible y dinamizadora de nuestros pueblos», ha aseverado el ministro.

Planas ha asegurado que con la adopción de esta estrategia aportan transparencia a la actividad cinegética, «que es una parte fundamental de la sociedad rural». «La caza se practica en todos los rincones España», ha enfatizado.

Qué valoración ha hecho el sector cinegético de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética

El ministro ha insistido en destacar el «papel relevante» de la caza en el medio en el que se desarrolla y que «no es solo una práctica deportiva, sino que es clave a la hora de preservar la salud de la naturaleza». No obstante, al tratarse de un texto no vinculante, desde el sector cinegético hay quienes lo han entendido como una manera de calmar los ánimos frente a la manifestación que el próximo 20 de marzo se desarrollará en Madrid en contra del Anteproyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales y de la reforma del Código Penal puestas en marcha por el Gobierno y que podrían acabar con la caza.

Desde la Federación Andaluza de Caza, por ejemplo, respondían así ayer a un tuit del ministro en el que celebraba la aprobación: «Una ‘estrategia’ que llega muy tarde y que no pone freno ni solución a un proyecto de ley de Derechos de los Animales impulsado desde el mismo Gobierno sin siquiera escuchar al sector cinegético, que continúa tramitándose y que supondría el fin de la caza».