El nuevo nivel de protección del lobo, que pasa de ser una especie «estrictamente protegida» a simplemente «protegida», entró en vigor este viernes, según anunció el Consejo de Europa. Esta modificación supone un cambio significativo en la gestión de este gran depredador en el continente, permitiendo mayor flexibilidad en su control para evitar daños a la ganadería y al ecosistema. Sin embargo, España se desmarca de esta tendencia y mantiene al lobo con la máxima protección legal, pese a la preocupación del mundo rural.
Europa flexibiliza la protección del lobo
La modificación en el estatus del lobo fue aprobada en diciembre del año pasado por la Convención de Berna a petición de la Unión Europea. La decisión de reducir el nivel de protección del Anexo II al III permite a los países miembros aplicar medidas de control, incluyendo la caza en ciertos casos, siempre que se garantice que las poblaciones no estén en peligro de extinción.
Bajo el régimen del Anexo II, cualquier forma de captura o muerte intencional del lobo estaba prohibida, al igual que la destrucción de sus hábitats de reproducción o descanso. Pero con el Anexo III, las autoridades pueden autorizar medidas de gestión, incluyendo la caza regulada, siempre que no comprometan la supervivencia de la especie.
Esta rebaja en la protección del lobo responde al notable crecimiento de sus poblaciones en varios países europeos y a los conflictos cada vez más frecuentes con la ganadería. En países como Francia, Alemania e Italia, los ataques de lobos al ganado han aumentado de manera exponencial en los últimos años, lo que ha generado un fuerte malestar en el sector agroganadero. Ante esta situación, la Unión Europea ha apostado por un enfoque de gestión que permita el equilibrio entre la conservación del lobo y la protección de la actividad rural.
España mantiene la protección total del lobo, en contra de la tendencia europea
A pesar del cambio de criterio en Europa, España se ha mantenido firme en su postura y votó en contra de la rebaja de la protección del lobo. De hecho, el Gobierno ha blindado la especie incluyéndola en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en 2021, prohibiendo su caza en todo el territorio nacional.
Esta decisión ha generado un profundo malestar entre los ganaderos y las comunidades rurales, especialmente en el norte de España, donde la población de lobos ha crecido de manera exponencial. Según datos de diversas organizaciones agrarias, los ataques al ganado han aumentado considerablemente desde que se prohibió la caza del lobo, afectando especialmente a explotaciones familiares que dependen de la ganadería extensiva.
Fundación Artemisan pide a Teresa Ribera que retire al lobo del LESPRE tras la propuesta de la Comisión Europea
Las comunidades autónomas más afectadas, como Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, han denunciado en reiteradas ocasiones el perjuicio que supone la prohibición de la caza del lobo. El sector ganadero sostiene que la falta de control sobre las poblaciones de este depredador está poniendo en peligro su modo de vida, provocando pérdidas económicas millonarias y generando un creciente abandono del campo.
Un conflicto entre conservación y mundo rural
El debate sobre la protección del lobo enfrenta dos visiones contrapuestas. Por un lado, las organizaciones ecologistas defienden la necesidad de proteger al lobo como especie clave en el equilibrio ecológico, argumentando que su presencia contribuye a regular las poblaciones de herbívoros silvestres y a mantener la biodiversidad. Sin embargo, el mundo rural denuncia que la protección absoluta del lobo ignora la realidad del campo y los problemas que genera para la ganadería. A ello se suma el hecho de que el Gobierno, sometido al lobby ecologista, ha blindado al lobo sin atender las demandas de los sectores afectados, lo que ha intensificado el conflicto entre la política ambiental y la supervivencia del mundo rural.
Las estadísticas reflejan un aumento alarmante en los ataques al ganado. Según datos oficiales, solo en Castilla y León se registraron más de 3.000 ataques de lobos en 2023, lo que supuso la pérdida de miles de cabezas de ganado. Ante esta situación, los ganaderos reclaman la posibilidad de gestionar las poblaciones de lobo a través de controles selectivos, tal y como ya se está haciendo en otros países europeos.
El futuro de la gestión del lobo en España
A pesar de la presión del sector agroganadero, el Gobierno español se mantiene firme en su postura y no contempla modificar la protección del lobo a corto plazo. La inclusión de la especie en el LESPRE impide cualquier tipo de control letal, dejando como única vía la aplicación de medidas preventivas, como perros guardianes. No obstante, la realidad demuestra que estas medidas no son suficientes para frenar los ataques.
