Soplan nuevos vientos para la caza en la Comunidad Valenciana. La gestión de Lorena Martínez y su equipo al frente de la Federación de Caza y la extraordinaria manifestación del 6 de mayo, con 50.000 cazadores en sus calles, han logrado algo hasta ahora inédito: los representantes de los cazadores ya se han reunido con el Gobierno valenciano para empezar a trabajar en las necesidades del colectivo.
La primera en hacerlo fue Salomé Pradas, consellera de Medio Ambiente, del PP. Lo hizo sólo seis días después de coger su cartera y, de hecho, la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana (FCCV) fue la primera entidad convocada para escuchar sus demandas tras llegar al cargo.
Ayer, Lorena Martínez también se reunió con el Conseller de Agricultura, José Luis Aguirre, de VOX, para comenzar a trabajar en los ‘Acuerdos por una Caza Viva’. Lo hizo menos de un mes después de ocupar su nuevo despacho, algo inédito hasta la fecha.
En palabras de la presidenta de la FCCV «el hecho de que la caza sea uno de los primeros colectivos en sentarse para comenzar a trabajar denota el interés y la necesidad de crear líneas de trabajo conjuntas entre agricultores y cazadores».
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Durante este encuentro, ambos abordaron el impulso y salida de la carne de caza y la prevención y control de transmisión de enfermedades. Además, esta primera toma de contacto sirvió para establecer unas bases de trabajo conjunto con los agricultores, puesto que la caza juega un papel fundamental en el campo valenciano. Lorena Martínez, quiso agradecer la predisposición y la voluntad para comenzar a trabajar en los acuerdos firmados antes de las elecciones tanto con el PP como con VOX.
Los compromisos asumidos por el Gobierno de la Comunidad con los cazadores
Los ‘Acuerdos por una Caza Viva’ son un documento que la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana presentó a los partidos políticos con motivo de las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023.
El documento recoge las principales demandas de los cazadores valencianos, que se sintieron ignorados y maltratados por el gobierno anterior. Entre las medidas que proponía el documento que PP y VOX firmaron se encuentra la defensa pública de la figura del cazador, el desarrollo de un plan integral de fomento de la caza o la promoción de la caza en el ámbito educativo.
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Además, establecía la declaración legal de la esencialidad de la caza, la modificación de la Ley de Caza y la rectificación de las regulaciones en materia de bienestar animal que colisionan con la actividad cinegética.
En el ámbito estrictamente técnico, la suscripción de un plan de gestión de la carne de caza, la puesta en valor del colectivo en los órganos de participación, y la mejora y simplificación de la estructura administrativa asociada a la caza son los principales compromisos adquiridos.
Como medidas de impulso de la caza social, el documento exigía priorizar la gestión social de los montes públicos, y una apuesta decidida por la investigación y el estudio del papel de la caza en el desarrollo rural.
