Jara y Sedal acaba de recibir amenazas y descalificativos de un animalista a través de las redes sociales. Este hecho no debería ser noticia, puesto que por desgracia llevamos sufriendo los insultos y las amenazas de odio de radicales animalistas durante años, casi a diario, como tantísimos otros compañeros y compañeras que libremente deciden ejercer su derecho a cazar. Lo que lo hace especialmente relevante es que esas amenazas provienen de un funcionario público al que los españoles pagamos 80.000 euros anuales por trabajar para el estado. Concretamente por encabezar una dirección general de Derechos de los Animales que, solo en 2022, se gastará más de seis millones de euros de nuestros impuestos para, entre otras cosas, promover un anteproyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales que no convence a nadie: ni a la sociedad, ni a los científicos, ni a los veterinarios, ni al sector de las mascotas.
Nos referimos a Sergio García Torres, el cual acaba de calificar a este medio de comunicación como «panfleto» al tiempo que amenaza con llevarnos a los tribunales por ejercer la libertad de prensa e informar de que El Casar, un pueblo de Guadalajara, lo ha abucheado al acudir a presentar su Ley de Bienestar Animal. Según indica el alto cargo del Gobierno que preside Pedro Sánchez, el periodismo que realizamos «podría ser constitutivo de delito» y afirma que hemos «potenciado» amenazas e intentos de agresión con nuestras noticias, las cuales asegura que han superado «todos los límites democráticos».
No sorprende el desconocimiento que este director general de Derechos de los Animales pueda tener de nuestro ordenamiento jurídico o del funcionamiento democrático, puesto que no tiene formación en Derecho –ni en ninguna titulación relacionada con animales–. Tampoco que considere que ejercer la libertad de prensa es algo que excede los límites de la democracia. Precisamente porque bajo la gestión del gobierno del que él forma parte España ha visto degradada la calidad de su democracia de «plena» a «deficiente», según un reciente informe publicado por The Economist. Puede que el hecho de que Sergio García Torres haya sido elegido a dedo para el cargo haya distorsionado su percepción del funcionamiento del sistema democrático.
Entendemos que pueda ser abrumador comprobar que su gran apuesta política, la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los animales, ha cosechado un rechazo total en la sociedad española. Corroborar que ese texto, y todo lo que su dirección general representa, son capaces de reunir a más de medio millón de personas en Madrid pidiendo su cese y la retirada total del anteproyecto en una manifestación como no se recordaba desde el asesinato de Miguel Ángel Blanco, puede ser frustrante. Pero es un grave error canalizar esa frustración e intentar criminalizar –una vez más– a quienes solo informamos a los ciudadanos de lo que se hace con el poder público y el dinero que hemos puesto en sus manos. Porque ese rechazo social no se sustenta en nuestra labor de información, sino en su incapacidad para hacer una Ley que someta a casi 50 millones de personas. Es la consecuencia lógica de poner a legislar a quien no tiene estudios más allá de la educación obligatoria y un módulo de arte, según su escueto currículum. Una grave irresponsabilidad por la que alguien debería responder desde el Gobierno.
No es el único error que ha cometido en esa publicación. Tildar de simple «hobby» a una actividad que representa la mayor inversión privada en conservación de la naturaleza de nuestro país, que además genera 6.475 millones de euros (el 0,3% del PIB) y que crea 187.000 puestos de trabajo es una prueba más de la incapacidad de Sergio García Torres para mantenerse al frente una dirección general y gestionar un presupuesto público que le viene tan grande.
En Jara y Sedal estamos comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Jamás hemos incitado a usar la violencia contra nadie y jamás lo haremos, por mucho que García Torres intente manchar nuestra imagen sugiriendo lo contrario desde sus redes sociales. Cabe preguntarse por qué tiene miedo a nuestra pluma. Por qué encuentra en ella una amenaza. La caza, la pesca y el mundo rural tienen precisamente todo aquello de lo que carece el animalismo: argumentos sólidos que son nuestras únicas armas para defender nuestro derecho a cazar. De todo tipo: sociales, culturales, ecológicos, económicos… Porque se basan en la razón, en el conocimiento y en el saludable sentido crítico, no en sentimientos infantiles que quieren imponer al resto de la sociedad nuevas religiones con sectarios dogmas.
Precisamente porque estamos comprometidos con la democracia seguiremos informando con absoluta libertad y el mismo rigor que nos asiste sobre todo aquello que consideremos del interés general de nuestros lectores. Y la ley animalista o la reforma del Código Penal que quieren imponernos lo son. No hay que olvidar que la primera trata de imponer la censura a nuestro trabajo, prohibiéndonos filmar o fotografiar escenas de naturaleza y caza. Ningún director general, por mucho que nos amenace, va a impedir que sigamos haciendo nuestro trabajo de informar, porque el periodismo es garante de la democracia. Mantendremos nuestra línea editorial, aunque no sea la oficialista, aunque sea incómoda para algunos y seguiremos haciendo del sentido crítico y del análisis la base de nuestras publicaciones. Lo dijo Felipe Vegué en la manifestación del 20M y lo repetimos nosotros en este editorial: «ni a nuestros perros les van a cortar sus atributos ni a nosotros nos van a cortar la lengua». Seguiremos informando.
