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Las organizaciones ecologistas subvencionadas por Sánchez callan ante la ley animalista que amenaza la biodiversidad

Edu Pompa
Pedro Sánchez, saluda a los representantes de las asociaciones ecologistas Greenpeace, Ecologistas en Acción, World Wildlife Fund, SEO/Birdlife y Amigos de la Tierra. © Pool Moncloa

Pedro Sánchez, saluda a los representantes de las asociaciones ecologistas Greenpeace, Ecologistas en Acción, World Wildlife Fund, SEO/Birdlife y Amigos de la Tierra. © Pool Moncloa

La Ley de Bienestar Animal del Gobierno continúa su tramitación parlamentaria después de que Unidas Podemos incumpliera su promesa y votara el pasado jueves a favor de ésta a pesar de que haya dejado fuera a los perros de caza. Se trata de una norma redactada desde los postulados animalistas más radicales y que no convence a ninguna de las partes. Tanto el propio sector animalista como el científico se han mostrado especialmente críticos con ella.

Tanto es así que desde el departamento de Biología de la Conservación de la Estación Biológica de Doñana redactaron una carta conjunta a la que se suscribieron más de 800 científicos de nuestro país y en la alertaban de las nefastas consecuencias que tendría para la biodiversidad y el patrimonio natural la ley animalista. Recordamos que la polémica normativa obligará a las Administraciones a mantener a los gatos callejeros y asilvestrados -los cuales son responsables de la extinción de 63 especies de animales- con recursos públicos, instalando puntos de comida que atraen a ratas y jabalíes. Además, son la segunda causa de la mortalidad de la cerceta pardilla y fueron la fuente del brote de leucemia felina que estuvo a punto de acabar con la población de linces de Doñana en 2007.

Curiosamente, a pesar de representar una gravísima amenaza para la biodiversidad, las principales organizaciones ecologistas españolas subvencionadas por el Gobierno no se han pronunciado al respecto e incluso ha habido alguna que lo ha aplaudido.

¿De qué hablaban los ecologistas el día que el Congreso daba luz verde a la ley animalista?

Llama la atención cómo el pasado jueves 9 de febrero, día en que se votó el Proyecto de Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales, ninguna de las anteriores organizaciones ecologistas criticó la norma.

SEO/Birdlife, una de las organizaciones que presume de proteger las aves, compartía esa jornada un mensaje en Twitter para solicitar la paralización de un proyecto cinematográfico que se iba a rodar en plena naturaleza «por su afección a especies en Peligro de Extinción como el guirre (alimoche) o la hubara». Ni una sola mención a la Ley de Bienestar Animal que pretende blindar el Gobierno y de la que ya han advertido los expertos que podría suponer una grave amenaza para la biodiversidad.

Por su parte Ecologistas en Acción se sumaba al manifiesto a favor de la ley que ha servido para excarcelar al menos a 250 violadores, pero no mediaba palabra sobre el escrito elaborado desde el departamento de Biología de la Conservación de la Estación Biológica de Doñana y que firmaron cerca de 900 científicos. En la misiva los expertos mostraron el malestar general de la comunidad académica y alertaron de las nefastas consecuencias que tendría para la biodiversidad y el patrimonio natural la ley animalista si saliera adelante.

Amigos de la Tierra, por su parte, se congratulaba de haberse aprobado «casi por unanimidad» la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, pero tampoco dedicó una sola línea a la ley animalista votada ese mismo día en el Congreso.

Greenpeace solicitó a través de Twitter esa misma jornada que se redujera «drásticamente la cabaña ganadera» en España y «eliminar las macrogranjas», pero tampoco hizo referencia a la Ley de Bienestar Animal en su perfil.

WWF fue el único que se pronunció. La organización aseguró que la normativa animalista que es «un avance», pero se centra en tildar de «incomprensible» que no incluya el cierre de las granjas de visón. Estos ecologistas tampoco hacían referencia a las colonias felinas ni a la amenaza que supone para el lince ibérico, la especie protagonista de sus campañas y proyectos subvencionados durante varios lustros.

¿Por qué callan las asociaciones ecologistas, tan beligerantes con gobiernos de otros colores políticos?

¿A qué se debe el silencio de los que se autodenominan guardianes de la naturaleza? Quizá tenga algo que ver la ingente cantidad de dinero público con la que el ejecutivo de Sánchez las ha regado. Hay que recordar que el pasado 20 de diciembre el Senado aprobaba de manera definitiva los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y disparaba, por segundo año consecutivo, el gasto público dedicado al animalismo y al ecologismo.

Las principales organizaciones ecologistas contarán con otros 2,35 millones que se repartirán del siguiente modo: Amigos de la Tierra -250.000 euros-, Ecologistas en Acción-CODA -700.000 euros-, la Sociedad Española de Ornitología SEO/BIRDLIFE -700.000 euros- y WWF -700.000 euros-. Pero hay más. Mucho más.

Parte del presupuesto de 2023 destinada a las principales organizaciones ecologistas.

El Gobierno firmó un convenio con las principales asociaciones ecologistas

Teresa Ribera y Pedro Sánchez en una de sus reuniones con los grupos ecologistas.

El Ministerio para la Transición Ecológica hizo pública meses antes una la resolución en la que se recogía el Convenio con Amigos de la Tierra España, Ecologistas en Acción-CODA, Sociedad Española de Ornitología y WWF España, para el desarrollo de programas de actuación con el fin de «avanzar en la transición ecológica y hacer frente al reto demográfico y la lucha contra la despoblación».

La noticia generó una importante polémica y alimentó el cada vez mayor rechazo de la sociedad a mantener con dinero gubernamental aquellas organizaciones que precisamente presumen de ser «no gubernamentales» pero cuyos presupuestos se nutren, en su inmensa mayoría, del dinero de los contribuyentes.

Han sido estas mismas asociaciones ecologistas las que ahora, frente a un proyecto de ley fuertemente criticado por veterinarios, biólogos, ingenieros y la práctica totalidad de expertos gestores del medio natural, han decidido mirar para otro lado.

       
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