Ecologistas en Acción de Huelva ha reclamado, tras el incendio iniciado en Niebla y la evacuación de Berrocal, una mayor participación de los habitantes del medio rural en la gestión forestal, más medios para el INFOCA y políticas que permitan «mantener un mundo rural actualizado y vivo donde el monte siga siendo proveedor de salud, vida y trabajo».
En un comunicado del pasado 9 de agosto, la organización llega incluso a pedir que se devuelva «la ganadería extensiva al monte» para reducir la vegetación combustible, abrir cercados y recuperar la relación entre los habitantes de los pueblos y el territorio que los rodea. El planteamiento coincide con lo que ganaderos, agricultores, propietarios forestales y cazadores llevan años defendiendo: un monte abandonado, sin aprovechamientos y cubierto de combustible vegetal resulta mucho más vulnerable frente a un gran incendio. La contradicción aparece cuando se compara este nuevo discurso con las campañas que Ecologistas en Acción mantiene en Madrid y Bruselas a favor de normas y prohibiciones que dificultan precisamente esas actividades.
No todas las medidas ambientales que defiende la organización suponen por sí mismas la desaparición de la actividad rural. Sin embargo, existe un conflicto evidente entre sus objetivos conservacionistas y las consecuencias económicas y administrativas que denuncian quienes viven de la ganadería extensiva, la agricultura, la gestión forestal o la caza.
La caza sostiene empleo y servicios en miles de pueblos andaluces
La actividad cinegética es uno de los ejemplos más claros. Ecologistas en Acción mantiene desde hace años una posición abiertamente restrictiva. En 2018 publicó un informe en el que reclamaba que se dejase de «privilegiar a la caza» y pedía expresamente que se incrementasen «las prohibiciones y sanciones». En aquel documento llegó a afirmar que la actividad cinegética «solo busca su beneficio y su propia supervivencia».
Los datos económicos difundidos por la Junta de Andalucía muestran una realidad muy diferente. Según la Administración autonómica, la caza emplea a 45.000 personas y aporta alrededor de 3.500 millones de euros al PIB andaluz. En la comunidad existen 162.625 cazadores con licencia y 7.558 cotos, que ocupan aproximadamente siete millones de hectáreas, el 83 % de la superficie regional.
La caza menor genera por sí sola unos 200 millones de euros anuales. Ese dinero no se queda únicamente en las fincas: sostiene guarderías rurales, rehalas, talleres, armerías, explotaciones agroganaderas, alojamientos, restaurantes y comercios de municipios que, en muchos casos, carecen de otras fuentes estables de actividad.
«De hecho, es el único recurso económico en muchas zonas rurales, que no tendrían futuro si no fuera por la caza», reconoció en marzo la entonces consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García. La propia Junta atribuye a esta actividad la creación de empleo, el mantenimiento de servicios y la fijación de población en las zonas con menos oportunidades.
Por tanto, no se trata únicamente de defender una afición. Cuando Ecologistas en Acción reclama más prohibiciones, impugna órdenes cinegéticas o pide reducir periodos hábiles, esas decisiones pueden trasladarse a contratos que no se renuevan, jornales que desaparecen y establecimientos que pierden una parte importante de sus ingresos. O lo que es lo mismo: cercenan uno de los pocos recursos que dan vida a ese mundo rural que ahora dicen defender.
Más de cinco millones para dar agua y alimento a la fauna
La contribución de los cazadores tampoco termina cuando concluye la temporada. Un estudio de la Federación Andaluza de Caza, elaborado con información aportada por 726 de sus 1.400 sociedades federadas, ha calculado que los cazadores andaluces invierten cada verano 5.366.520 euros en agua, alimento y puntos de suplementación para la fauna.
Las sociedades distribuyen más de 20,1 millones de litros de agua en 40.096 bebederos y puntos de suministro. También aportan alrededor de 2,8 millones de kilos de maíz, avena, trigo o alfalfa en 28.504 comederos. Solo el gasto relacionado con el agua supera los 2,8 millones de euros, mientras que la alimentación supone otros 2,5 millones.
Estas cifras no incluyen todo el trabajo voluntario de socios y directivos, las horas empleadas por los guardas, el combustible de los vehículos ni numerosas actuaciones complementarias, como siembras, recuperación de charcas, desbroces o mantenimiento de cortafuegos y caminos.
La Federación señala además, apoyándose en un estudio del Departamento de Zoología de la Universidad de Córdoba, que el 80 % de las especies que utilizan estos puntos de alimentación y agua no son cinegéticas. De esas instalaciones se benefician también animales protegidos, aves, pequeños mamíferos e insectos polinizadores.
La respuesta posterior a los incendios ofrece otro ejemplo. Tras el fuego de Grazalema, varias sociedades gaditanas compraron 400 kilos de maíz, una tonelada de alimento para ganado y piedras de sal para ayudar a la fauna de los terrenos quemados. Después del incendio de Niebla que motivó el comunicado ecologista, la Federación Andaluza de Caza anunció igualmente la entrega de tres toneladas de grano a las sociedades afectadas.
Son los cazadores de esos pueblos quienes pagan el agua, llenan los comederos y vuelven al monte cuando las llamas han pasado. Sin embargo, su trabajo raramente aparece cuando determinadas organizaciones presentan la caza exclusivamente como un problema para el medio rural.
Recursos contra la caza y nuevas peticiones de restricciones
La posición de Ecologistas en Acción no pertenece únicamente al pasado. En julio de 2026, su federación andaluza recurrió la orden de la Junta destinada a regular el control excepcional de predadores y especies que provocan daños. La organización calificó la norma como un «error garrafal» y pidió que se priorizasen los procesos naturales frente a la intervención de gestores y cazadores. Los procesos naturales son, precisamente, los que hacen crecer el pasto y dan lugar a los incendios en el campo abandonado.
También se ha opuesto a la ampliación del periodo de caza mayor hasta finales de febrero y ha solicitado la prohibición de la media veda por motivos climáticos y por el riesgo de incendios. Son reivindicaciones que afectan directamente a la viabilidad de cotos, sociedades locales y empleos vinculados al sector.
A ello se suma su campaña a favor de prohibir completamente la munición de plomo. La contaminación por este metal es un problema que exige soluciones y alternativas técnicamente viables, especialmente en humedales. Sin embargo, ampliar la prohibición a todos los terrenos y modalidades sin atender al precio, la disponibilidad de munición alternativa o la compatibilidad con determinadas armas supone otro coste para miles de cazadores rurales. El plomo es solo una parte del conflicto; el verdadero problema es la acumulación de restricciones, trámites e inseguridad normativa.
El lobo enfrenta a los despachos de Bruselas con la ganadería extensiva
Fuera de Andalucía, la protección del lobo (Canis lupus) constituye probablemente el enfrentamiento más claro entre el ecologismo urbano y la ganadería extensiva. En febrero de 2025, Ecologistas en Acción participó en una campaña europea dirigida a gobiernos, representantes del Convenio de Berna y eurodiputados para impedir que se rebajase su protección.
La Unión Europea terminó modificando su estatus de «estrictamente protegido» a «protegido». El cambio no elimina la obligación de conservar la especie, pero permite a los Estados una gestión más flexible allí donde existen poblaciones consolidadas y daños importantes. El Consejo de la Unión Europea justificó la decisión recordando que la población europea había pasado de unos 11.193 ejemplares en 2012 a aproximadamente 20.300 en 2023. El organismo también calculó que los ataques causan la muerte de al menos 65.500 cabezas de ganado cada año en Europa.
Pese a ello, Ecologistas en Acción y Fondo para la Protección del Lobo Ibérico han llevado ante la Audiencia Nacional el informe estatal que considera favorable el estado de conservación del lobo (Canis lupus). Temen que esa evaluación facilite controles cinegéticos más amplios. Los ganaderos, por el contrario, reclaman poder defender sus animales y evitar que los ataques, el gasto en medidas preventivas y la presión psicológica terminen provocando nuevos abandonos.
El chiste se cuenta solo: piden devolver el ganado al monte para frenar los incendios mientras se combaten las herramientas de gestión que los profesionales consideran necesarias para poder mantener allí sus rebaños.
Incluso después de un incendio aparecen estas diferencias. Tras el fuego de la Sierra de Córdoba de 2025, Ecologistas en Acción propuso evitar durante al menos tres años la entrada de ganado en los terrenos calcinados. Esta petición temporal demuestra hasta qué punto las medidas conservacionistas pueden entrar en conflicto con el aprovechamiento pastoral que ahora se reclama como barrera frente al fuego.
Las normas de Bruselas que preocupan a agricultores y ganaderos
Otro foco de enfrentamiento es el Reglamento europeo de Restauración de la Naturaleza, cuya aprobación fue celebrada por Ecologistas en Acción. La norma pretende aplicar medidas de recuperación en al menos el 20 % de las superficies terrestres y marinas de la Unión Europea antes de 2030 y alcanzar progresivamente todos los ecosistemas degradados.
El reglamento no prohíbe de manera general cultivar o pastorear en esas superficies. Su efecto concreto dependerá de los planes nacionales y de las medidas que adopten las administraciones. Precisamente ahí nace la preocupación del campo: las organizaciones agrarias temen que nuevos condicionantes sobre terrenos agrícolas, pastos, infraestructuras ganaderas y espacios de la Red Natura 2000 lleguen sin financiación suficiente y sin contar con los propietarios. Porque ya ha sucedido con otras figuras protegidas como los Parques Nacionales.
ASAJA ha advertido de que una aplicación rígida podría dar «la puntilla» a parte del sector agroganadero. Ecologistas en Acción, por el contrario, sigue reclamando a Bruselas que no debilite las directivas ambientales y que acelere su aplicación. Algo parecido ocurre con los productos fitosanitarios. La organización ecologista defiende reducirlos un 50 % antes de 2030 y prohibir los considerados más peligrosos. Las organizaciones profesionales agrarias responden que no pueden eliminarse herramientas sin ofrecer alternativas eficaces, asequibles y disponibles para cada cultivo. La propuesta europea que pretendía imponer esa reducción terminó siendo retirada, pero la presión política para recuperarla continúa.
Un mundo rural no puede vivir únicamente de prohibiciones
Un pueblo no permanece habitado solo porque una ley lo declare valioso. Necesita explotaciones rentables, pastores, agricultores, cazadores, guardas, apicultores, propietarios forestales, talleres, bares y familias que puedan ganarse la vida. También necesita que la conservación se diseñe con ellos y no únicamente desde despachos situados en Madrid o Bruselas.
Ecologistas en Acción acierta al pedir participación rural, recuperar la ganadería extensiva y devolver al monte su condición de fuente de trabajo. Pero ese planteamiento será difícilmente creíble mientras la misma organización continúe defendiendo políticas que reducen la capacidad de gestión de los habitantes del campo y combatiendo actividades que generan miles de empleos, millones de euros y una parte sustancial del mantenimiento cotidiano de los montes andaluces.
Si se quiere frenar el fuego con un «mundo rural vivo», el primer requisito es permitir que quienes viven en él puedan seguir trabajando.
