La organización ecologista SEO/BirdLife ha lanzado una campaña publicitaria en Google para promocionar una petición contra la caza de control en el Parque Nacional de Monfragüe. La acción de esta organización, financiada con dinero público, es una muestra más para comprobar cómo se destinan recursos a alimentar un discurso ideológico y sesgado en lugar de apoyar la gestión real y necesaria del medio natural.
Durante los últimos días, esta ONG está promocionando una web en la que trata de recoger firmas entre los internautas con un mensaje rotundo: «No a la caza en Monfragüe». Y para lograr la visibilidad de la que carece, SEO/BirdLife ha pagado por lograr su posicionamiento en Google, contratando una campaña de anuncios en Google Ads, de forma que el anuncio contratado aparece destacado a través de los diferentes soportes de Alphabet. Detrás de esta estrategia hay una intención clara: presionar políticamente para eliminar las batidas de control de poblaciones que se tienen que realizar para mantener el equilibrio del parque.
Un perfil crítico solo con la derecha
También llama la atención el marcado sesgo político hacia la izquierda de la organización. Hay que recordar que cuando fue el PSOE de Guillermo Fernández Vara quien propuso la misma medida, las organizaciones ecologistas guardaron silencio. Nadie recogió firmas entonces, ni se lanzaron campañas de publicidad en contra de la decisión de la administración socialista. De hecho, el Parque Nacional de Cabañeros (ubicado en Castilla-La Mancha) ha experimentado una situación similar a la de Monfragüe, volviendo a autorizar la caza, pero SEO/BirdLife aquí no protesta, ni organiza recogida de firmas online. Sólo alzan la voz y movilizan recursos cuando la gestión corresponde a comunidades gobernadas por el Partido Popular. Una doble vara de medir que pone en evidencia que, más que preocupación por la fauna, lo que hay detrás es una estrategia política disfrazada de ecologismo.
La caza en el Parque Nacional de Monfragüe
Desde que en 2021 la Junta de Extremadura decidió eliminar la caza por presiones ecologistas, los problemas de sobrepoblación, especialmente de jabalíes y ciervos, no han hecho más que aumentar. La falta de control ha provocado daños en el ecosistema, a especies protegidas y un deterioro progresivo del estado del parque, además de un incremento notable del riesgo de enfermedades.
Para contrarrestarlo, la administración pública aprobó un sistema de eliminación en masa de animales, pero no sólo no cumplió su objetivo (suponiendo una carga para el erario público) si no que además demostró que es cruel e ineficiente, como pudimos ver en las imágenes de un ciervo agonizando atrapado en una de las jaulas trampa instaladas para realizar ese «control».
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Frente a estas evidencias, SEO/BirdLife insiste en criminalizar la participación de los cazadores en estas tareas, ignorando el criterio técnico de numerosos expertos y gestores de fauna. Lo más alarmante, sin embargo, es que difunde este mensaje mientras se financia con fondos públicos que reciben a través de subvenciones, convenios y ayudas institucionales. Es decir: mientras la caza ha aportado más de 3.600 millones de euros a las arcas públicas desde 2018, estas organizaciones ecologistas destinan los fondos que reciben a hacer activismo político en contra de esta actividad legal, regulada y necesaria. Unos fondos que, en su mayoría, provienen del dinero público.
Bruselas ya ha prohibido este tipo de prácticas
Estas campañas de presión política se producen en un contexto en el que la Comisión Europea ha comenzado a vigilar de cerca a las ONG ecologistas por el uso que hacen de los fondos públicos. Tras el último escándalo, en el que se descubrió que varias organizaciones estaban destinando subvenciones europeas a hacer lobby ideológico, Bruselas ha prohibido expresamente utilizar ese dinero para financiar acciones de presión política o campañas partidistas. Una medida que pone en el punto de mira a entidades como SEO/BirdLife, que siguen impulsando este tipo de iniciativas mientras reciben fondos públicos a través de ayudas, convenios y subvenciones. La pregunta ahora es si esta organización está cumpliendo con los requisitos exigidos por Europa o si está cruzando esa línea que las instituciones comunitarias han decidido no tolerar.
