El Parlamento andaluz debate este miércoles, 12 de abril, la proposición de ley para la legalización de los regadíos ilegales de Doñana. Ante esto, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) se ha mostrado públicamente en contra y denuncia «que la ley anti Doñana del PP y Vox desafía a la ciencia y la legalidad».
Para muchos, puede parecer una reacción normal, dados los intereses que persigue la organización. Sin embargo, no siempre han manifestado ese ímpetu por luchar por sus objetivos.
Sin ir más lejos, hace menos de un mes que la nueva ley animalista del PSOE y de UP se convirtió en una realidad para España. Esta norma, redactada desde los postulados animalistas más radicales, despertó la crítica del propio sector animalista, de todos los agentes afectados y de científicos y biólogos.
Hay que recordar que el departamento de Biología de la Conservación de la Estación Biológica de Doñana redactó una carta, apoyada por más de 800 científicos, que alertaba de las nefastas consecuencias que esta ley tendría para la biodiversidad y el patrimonio natural. Poco le importó esto a WWF.
¿Por qué WWF no denunció la ley animalista de PSOE y UP?
A pesar de esta gran amenaza, las principales organizaciones ecologistas de España, subvencionadas por el Gobierno, no hicieron una condena de las iniciativas legales de PSOE y Unidas Podemos. Tampoco WWF emitió ningún comunicado o nota de prensa tan politizado ni agresivo como el que sí lanza ahora contra el PP, a pesar de que la importancia de la norma es mucho menor si la comparamos con la ley animalista.
Al contrario, la organización valoró la norma muy positivamente a través de su perfil de Twitter. Aseguraron que la normativa es «un avance y presenta muchos aspectos positivos». Como única pega exponían que «es incompresible que no trate a todos los perros por igual».
Nada sobre la decisión de obligar a las Administraciones a mantener con recursos públicos a los gatos callejeros y asilvestrados, por ejemplo, responsables de la extinción de 63 especies de animales. No encontramos tampoco referencia a la amenaza que supone para el lince ibérico. Esto sí, incomprensible teniendo en cuenta que ha sido protagonista de sus campañas durante lustros.
«Es injustificable que por razones estrictamente electorales se ponga a Doñana en grave peligro», manifiesta Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España. No parecía importarle tanto ese peligro al que apuntaban los científicos semanas atrás.
Aunque claro, la acusación iba entonces en contra de PSOE y UP. Quizá los 700.000 euros que la organización recibió de Pedro Sánchez, procedente del dinero público, hayan podido tener algo de influencia. Puede ser que, también, el Convenio que el Ministerio para la Transición Ecológica firmó con WWF España y otras organizaciones, para el desarrollo de programas de actuación, haya sido de gran ayuda para inclinar la balanza de intereses.
