El director general de Derechos de los Animales del Gobierno de España, José Ramón Becerra, ha reconocido públicamente la ineficacia de los programas de gestión de colonias felinas. Durante las VI Jornadas Felinas organizadas por FdCats en Málaga el pasado 20 de abril, Becerra admitió que «no existen unas directrices técnicas que permitan una gestión rigurosa».

La situación actual es alarmante: tras 15 años de aplicación del método CER (Captura, Esterilización y Retorno), solo se ha logrado esterilizar al 2% de los gatos callejeros en España, país que cuenta con aproximadamente 1,5 millones de gatos callejeros y más de 100.000 colonias. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, consciente de la posibilidad de errores en sus datos, ha señalado la falta de estadísticas cuantitativas y de un enfoque técnico y científico riguroso en los estudios realizados.

Siete millones de gatos callejeros y asilvestrados en 2030

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Un gato asilvestrado cazando un ave. © Shutterstock

La proyección es desalentadora: si la tendencia actual continúa, la población de gatos callejeros y asilvestrados podría alcanzar los siete millones para el año 2030. Esta cifra surge de las estimaciones presentadas por Becerra, quien desmintió la creencia de que la esterilización completa de los gatos de una colonia podría resultar en su desaparición: «Cuando algún gestor o gestora de colonias afirma que si esteriliza todos sus gatos se va a quedar sin ellos, podemos confirmar que esto no va a pasar».

A pesar de la evidente inutilidad de los programas actuales, se han invertido más de dos millones de euros de fondos públicos en métodos de control que han tenido un impacto mínimo en la curva de crecimiento poblacional de estos animales. La Dirección General de Derechos de los Animales informa que el gasto medio anual de los ayuntamientos en el control de colonias felinas es de 40.000 euros, de los cuales el 35% se destina al método CER, cuestionando su eficiencia.

Un coste desproporcionado para municipios de menos de 5.000 habitantes

© Dirección General de Derechos de los Animales

Los municipios rurales con menos de 5.000 habitantes enfrentan un desafío aún mayor. La Ley de Protección de los Animales y los programas de gestión actuales han generado problemas significativos, con un coste anual de 203,43 euros por gato, en comparación con los 59,36 euros en municipios de más de 50.000 habitantes.

Además, un estudio reciente de la Fundación Artemisan titulado ‘Censo, abundancia y efectos del gato doméstico en la fauna silvestre de la Red Natura 2000’ ha puesto de manifiesto la amenaza que representan los gatos domésticos para la biodiversidad. Se han detectado gatos en todos los lugares de estudio, incluyendo áreas con especies en peligro de extinción y zonas habitadas por linces ibéricos y gatos monteses, a los que pueden transmitir enfermedades.

Ante esta realidad, se plantea la necesidad urgente de revisar y mejorar los métodos de gestión de colonias felinas en España. Es imperativo desarrollar estrategias más efectivas que no solo consideren el bienestar animal, sino que también protejan la biodiversidad y optimicen el uso de los recursos públicos. La admisión de Becerra sobre la ineficacia de los programas actuales podría ser el primer paso hacia un necesario cambio en la política de gestión animal en España.

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