Un agricultor de la comarca del Segrià, en Lleida, ha sido detenido por la Guardia Civil acusado de cultivar sin autorización una variedad de nectarina protegida. El caso se remonta a una denuncia presentada en febrero por la empresa propietaria de los derechos sobre la variedad denominada ‘nectadiva’, conocida por su resistencia a la manipulación y su recolección tardía.
Según informa el Instituto Armado, el investigado habría injertado o inoculado esta variedad sin autorización en cerca de 5.000 árboles repartidos en tres fincas. La reproducción ilegal de esta clase de fruta, que está sujeta al pago de un canon por su uso, constituiría un delito contra la propiedad industrial por el que se le investiga.
La operación, bautizada como ‘Mochilo’, se desarrolló tras una minuciosa labor de campo en la que los agentes localizaron las parcelas sospechosas, tomaron muestras de las plantas e iniciaron el análisis genético pertinente para confirmar si se trataba efectivamente de la variedad registrada.
Pruebas científicas y detención
Las muestras recolectadas fueron remitidas al Centro de Investigación Agrogenòmica de l’IRTA, que confirmó que el ADN de las plantas coincidía con el de la nectarina protegida. Este dato fue clave para sostener la acusación de que el agricultor habría reproducido sin consentimiento una variedad sujeta a derechos exclusivos.
El pasado 7 de mayo, y bajo la tutela del juzgado de instrucción número 2 de Lleida, los agentes procedieron a detener al presunto autor de los hechos. El agricultor fue trasladado a dependencias policiales, donde prestó declaración antes de quedar en libertad a la espera de nuevas diligencias judiciales.
Un delito poco conocido
Aunque no se trata de una infracción habitual en el mundo agrícola, la reproducción no autorizada de variedades vegetales protegidas por derechos de obtentor constituye un delito perseguido por la legislación vigente. La existencia de títulos de propiedad industrial obliga a los agricultores a solicitar licencia y pagar un canon si desean utilizar estos cultivares en sus explotaciones.
En este caso, además, se trataba de una variedad comercial con características agronómicas muy valoradas, lo que habría motivado su reproducción clandestina. De confirmarse los hechos, el investigado podría enfrentarse a sanciones económicas e incluso penales, según lo establecido en la normativa sobre protección de obtenciones vegetales.
Sanciones de miles de euros y cárcel
Desde el punto de vista sancionador, la Ley 3/2000, de Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales, establece multas de 601,01 a 1.803,04 euros para infracciones leves, de 1.803,04 a 4.207,08 euros para graves, y de 4.207,09 a 9.015,18 euros para muy graves, además del posible decomiso del material vegetal reproducido sin autorización. No obstante, si se considera que los hechos constituyen un delito contra la propiedad industrial, como recoge el artículo 274.4 del Código Penal, el agricultor podría enfrentarse a penas de uno a tres años de prisión y una multa de 12 a 24 meses, cuyo importe se determina según la capacidad económica del acusado. La ley permite fijar una cuota diaria entre 2 y 400 euros, lo que supone que la sanción penal podría oscilar entre 720 y 288.000 euros. Un Auto de la Audiencia Provincial de Ávila de 10 de enero de 2019 ya abordó un caso similar, destacando la gravedad de explotar variedades vegetales protegidas sin autorización.
