El conflicto ha estallado en el coto de caza de Langa de Duero, en la provincia de Soria, tras la denuncia presentada por un cazador que afirma haber sido privado de sus derechos pese a tener un contrato en vigor. El afectado, ha asegurado a Jara y Sedal que pagó más de 37.000 euros por los permisos, pero la asociación gestora le ha retirado los precintos sin devolverle el dinero.
Dimisión del presidente y división interna
El detonante de la situación fue la dimisión del presidente de la Asociación Nuestra Señora de Paul, gestora del coto, el pasado 4 de abril. Ese mismo día, el vicepresidente comunicó al denunciante por mensaje que le retiraban los permisos por este motivo. El cazador, vecino de Toledo, había recibido la autorización para cazar apenas tres días antes.
La denuncia, interpuesta en el cuartel de El Burgo de Osma, pone de manifiesto la falta de predisposición de los responsables de la asociación para devolver el dinero abonado. En ella se detalla que el cazador había ingresado 29.040 euros por el derecho a cazar en el coto y 8.000 euros de fianza, sin que hasta la fecha se le haya ofrecido una solución.
El cazador ha intentado contactar con el alcalde de Langa —también vocal de la asociación—, sin éxito. Además, lamenta el enfrentamiento interno de la junta y recuerda que lleva 15 años cazando en la zona. El 1 de abril fue la última jornada que pudo disfrutar del coto junto a sus socios, justo el día que comenzaba la temporada del corzo.
Cruce de versiones sobre el contrato
El expresidente, defendió la legalidad del procedimiento de adjudicación. Explicó que, tras expirar el contrato anterior, se elaboró un pliego con condiciones económicas y una cláusula de renovación automática si no había nuevas ofertas, lo que ocurrió finalmente.
No obstante, el alcalde niega en declaraciones a medios locales que ese pliego fuera aprobado. Asegura que, aunque la asamblea acordó redactarlo, la mayoría de vocales no lo aprobó, por lo que el proceso no debería haberse ejecutado. Fuentes a las que ha tenido acceso Jara y Sedal aseguran que no fue así y que el contrato está firmado y en manos de abogados.
