La reciente publicación del borrador del reglamento que desarrolla la Ley de Bienestar Animal ha vuelto a encender el debate social. Entre los aspectos más controvertidos destacan la obligatoriedad de realizar un curso formativo para tener perro y la imposición de una revisión veterinaria anual, cuyo incumplimiento podrá conllevar sanciones de hasta 10.000 euros. Todo ello contrasta con la ausencia de requisitos similares para la crianza de hijos, una paradoja que ha levantado ampollas.
Ambas medidas han sido defendidas por el Ministerio de Derechos Sociales como instrumentos para garantizar el bienestar animal, pero su carácter obligatorio, sumado al régimen sancionador, ha suscitado duras críticas entre propietarios y profesionales del sector.
Un curso obligatorio con examen final
Según establece el borrador del Real Decreto, todas las personas que deseen tener un perro deberán superar un curso de al menos cuatro horas con seis bloques temáticos. Entre ellos se incluyen desde aspectos legales y económicos hasta contenidos sobre salud, comportamiento o socialización del animal. Para obtener la certificación será necesario aprobar un examen tipo test y quienes ya tengan perro deberán cursarlo igualmente si no lo han hecho antes.
El curso tendrá validez permanente y podrá hacerse online o presencialmente a través de entidades autorizadas. Veterinarios, criadores registrados y etólogos quedarán exentos de esta obligación. La medida, que ya está en fase de consulta pública, ha sido tildada por muchos de innecesariamente burocrática.
Revisión veterinaria anual con multas de hasta 10.000 euros
Otra medida incluida en el borrador es la exigencia de una revisión veterinaria obligatoria cada año para todos los perros, gatos y hurones. El texto establece sanciones de entre 500 y 10.000 euros en caso de incumplimiento y hay quienes ya la han comparado con ITV de los vehículos.
El impacto de la norma en zonas despobladas, donde los servicios veterinarios son escasos y más caros, no debe quedar en el olvido. La Dirección General de Derechos de los Animales justifica la norma como un avance en la prevención de enfermedades y en el control del abandono.
¿Y para tener un hijo?
Mientras el Gobierno establece requisitos cada vez más detallados y sancionables para tener un perro, llama la atención que no haya nada semejante para tener un hijo. Nadie necesita un curso ni una revisión médica obligatoria para criar a un niño, algo que muchos ciudadanos consideran incongruente.
La paradoja no ha pasado desapercibida. Mientras que la mayoría de padres lleva a sus hijos al pediatra por sentido común, el Gobierno decide regular con lupa lo que hace un ciudadano con su mascota, imponiendo cursos, exámenes y sanciones sin precedentes. Muchos se preguntan si esta proliferación normativa responde verdaderamente al bienestar animal o a una creciente pulsión intervencionista.
