Los conejos siguen arrasando los cultivos en Castilla-La Mancha y los agricultores han dicho basta. La organización agraria Asaja ha confirmado que iniciará acciones legales para reclamar a las administraciones públicas la responsabilidad patrimonial por los daños que, desde hace más de veinte años, causa la sobrepoblación de este animal en numerosos puntos de la región.
La decisión llega tras constatar que las medidas implementadas hasta ahora, como las declaraciones de comarca de emergencia cinegética o las recomendaciones de control en zonas públicas, han resultado claramente insuficientes. Los agricultores, cansados de promesas vacías, consideran que ha llegado el momento de que los tribunales obliguen a las administraciones a actuar de forma efectiva.
Reclaman a la administración por inacción
En un comunicado, Asaja Castilla-La Mancha ha lamentado que la Viceconsejería de Medio Ambiente haya ignorado la mayoría de las propuestas que les han trasladado para frenar el avance del conejo. Según denuncian, las medidas actuales son tímidas, ineficaces y delegan en los propietarios una responsabilidad que debería ser compartida por quienes gestionan los espacios públicos donde el animal se refugia y multiplica sin control.
Critican especialmente que las recomendaciones y autorizaciones para controlar la especie «no resultan suficientes», ni siquiera acompañadas por declaraciones de emergencia cinegética. Para Asaja, estos gestos son un lavado de cara institucional, sin impacto real sobre el problema.
Seguros agrarios que no cubren los daños reales
Uno de los argumentos de la administración es que los daños ya se compensan a través de los seguros agrarios subvencionados. Sin embargo, los agricultores denuncian que estas coberturas incluyen franquicias y limitaciones que reducen drásticamente las indemnizaciones.
«Las indemnizaciones son irrisorias e incluso al cuarto año desaparecen», denuncia Asaja. «Tras veinte años de sobrepoblación de conejos, no existe una sola explotación sin daños recurrentes ni un solo agricultor que haya sido compensado de forma justa».
Proponen métodos más contundentes
La organización recuerda que ha planteado una batería de medidas que van desde el uso de cajas trampa y la caza nocturna, hasta la financiación para instalar vallas o incluso el uso puntual de métodos químicos. No obstante, la administración ha hecho oídos sordos.
En cuanto a los responsables de las zonas públicas más afectadas, como taludes de carreteras o riberas de ríos —de competencia estatal—, lamentan que ni siquiera han respondido a sus requerimientos. «Nos enfrentamos a un conflicto social que ha generado un profundo malestar y cuantiosas pérdidas económicas», denuncian.
Asaja concluye con una advertencia: «Si no se actúa, será la justicia la que obligue a tomar cartas en el asunto».
