La reciente sentencia del Juzgado de lo Penal de Castellón ha sido recibida con satisfacción por la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana. En ella se condena a dos activistas animalistas que intentaron interferir de forma violenta en una batida de jabalíes debidamente autorizada, celebrada en el Parque Natural del Desert de les Palmes, en Benicasim, el 14 de febrero de 2020.
Interrumpieron ilegalmente una actividad legal
Los hechos se remontan a hace más de cinco años, cuando varios individuos trataron de sabotear una batida legal organizada por el Club de Cazadores «El Desert». Para ello utilizaron silbatos, petardos y alteraron los vehículos de los participantes, poniendo en peligro la seguridad de los cazadores y de los propios manifestantes. Esta conducta fue considerada por el tribunal como constitutiva de un delito de coacciones.
La sentencia establece que los actos violentos cometidos por los activistas no solo impidieron el desarrollo normal de la batida, sino que también causaron perjuicios económicos al club organizador. La interrupción forzada de la actividad generó gastos imprevistos y obligó a suspender una jornada cinegética que contaba con todos los permisos necesarios.
Una condena ejemplar para proteger los derechos de los cazadores
El fallo judicial impone a los acusados una multa de dieciocho meses, con una cuota diaria de seis euros. Además, deberán indemnizar al Club de Cazadores «El Desert» con 3.327,61 euros en concepto de los daños y gastos derivados del sabotaje. Pese a ello, la sentencia aún puede ser recurrida por las partes implicadas.
Juan Marqués, presidente del Club afectado, ha expresado su alivio tras conocer el veredicto: «Después de tanto esfuerzo, de asistir a numerosos juicios y de una larga espera, al fin se ha hecho justicia». La resolución supone un respaldo legal al derecho de los cazadores a desarrollar su actividad sin ser acosados ni coaccionados por quienes se oponen a ella.
La Federación de Caza celebra el respaldo judicial
Desde la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana se ha valorado muy positivamente esta sentencia, al entender que representa una victoria para todo el colectivo cinegético. A su juicio, el fallo reafirma que la caza es una actividad legal, sostenible y respetuosa con el entorno, que merece ser protegida frente a ataques radicales.
La entidad ha reiterado su compromiso con la defensa de los intereses de los cazadores y su intención de seguir luchando para que puedan ejercer su labor con normalidad. Según han declarado, la sentencia sienta un importante precedente frente a quienes, amparándose en el activismo, intentan vulnerar derechos fundamentales de forma violenta e ilegal.
