Las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia han dado un plazo de tres semanas, hasta el próximo 15 de junio, para que el Gobierno retire la orden ministerial por la que incluiría al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que supondría en la práctica la prohibición de su caza.
Si no lo hace presentarán un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo para solicitar medidas cautelarísimas de suspensión. Así lo anunció hoy el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras reunirse con la consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, y el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Guillermo Blanco, así como con representantes de las organizaciones profesionales agrarias UPA y COAG.
Solicitan la creación de una mesa de trabajo
Tras la cita, en la que se renovó «el compromiso en favor la ganadería y el medio rural» y la postura contraria a la inclusión del lobo en el Lespre según ha informado la agencia Ical, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró que «no se está dando un no por el no», sino que «se está pidiendo la retirada de la orden ministerial y la creación de una mesa de trabajo para discutir todo sin ninguna línea roja y crear un censo nacional del lobo», en la que participen también representantes de las Opas, así como del Ministerio de Transición Ecológica y el de Agricultura, entre otras organizaciones «antes de que el Ministerio publique la orden en el Boletín Oficial del Estado para su entrada en vigor el 25 de septiembre».
El consejero de Fomento y Medio Ambiente reivindicó la existencia de «una estrategia nacional en materia de biodiversidad» fuera de la que «no se puede adoptar ninguna decisión ministerial sin tenerla en cuenta». Por ello, consideró que necesita ser «renovada de abajo a arriba» para que se «elabore una actualización que se pueda remitir al Gobierno y se someta a un grupo de trabajo y una Conferencia Sectorial».
Por ello, en caso de que el día 15 de junio el Gobierno central no haya retirado el proyecto de inclusión de la orden ministerial en el BOE y no se ha respondido a su llamada el diálogo las cuatro principales comunidades autónomas loberas de España, que cuentan con el 95 por ciento de los ejemplares existentes», se verán «obligados» a «coordinar los censos nacionales».
