La Comunidad de Madrid concedió a SEO/BirdLife 151.667,50 euros en subvenciones autonómicas entre febrero de 2022 y septiembre de 2026, según los datos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Es la misma organización que acaba de conseguir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la suspensión cautelar de la caza de nueve especies de aves justo cuando arrancaba la temporada 2026-2027, un golpe que ha dejado a miles de cazadores madrileños con los cotos pagados y sin poder cazar gran parte de las aves autorizadas otras temporadas como la perdiz roja, la becada o la codorniz.
Resulta cuanto menos llamativo que una organización subvencionada por la Comunidad denuncie a la misma Administración y logre la suspensión cautelar de parte del calendario de caza que esta había autorizado.
Una suspensión dictada sin escuchar antes a Madrid
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid dictó el 6 de octubre de 2026 un auto que acogía la petición de SEO/BirdLife y suspendía cautelarmente la caza de nueve especies en toda la región durante la temporada 2026-2027. La organización pidió la medida por la vía de especial urgencia, lo que permitió al tribunal resolver sin oír primero a la Comunidad de Madrid —lo que los juristas llaman una resolución inaudita parte—.
El recurso se dirigió contra la Orden 2511/2026, de 25 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, que fijaba los periodos hábiles de caza para esta campaña. Las especies afectadas son la perdiz roja, la codorniz común, la becada, el zorzal alirrojo, el zorzal real, la paloma zurita, la paloma bravía, la corneja negra y la urraca. La medida está en vigor desde el 8 de octubre de 2026 hasta el 31 de enero de 2027 en la temporada general, y entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre en los pasos tradicionales, con una excepción: las cacerías de suelta autorizadas o comunicadas y los cotos comerciales, donde solo pueden abatirse los ejemplares soltados conforme a la especie y el número fijados en cada autorización.
SEO/BirdLife sostiene que seis de las nueve especies presentan un estado de conservación desfavorable y que para ninguna de ellas existe una evaluación reciente de su situación poblacional en Madrid que permita justificar los niveles de extracción autorizados. No es la primera vez que la organización recurre con ese argumento: lleva años reclamando restricciones durante la media veda en distintas comunidades, con una particular batalla jurídica contra la Junta de Castilla y León.
Siete ayudas para proyectos ambientales, formación y empleo
Los 151.667,50 euros se reparten en siete concesiones. La mayor parte, 135.667,50 euros, corresponde a cuatro ayudas para proyectos ambientales de entidades sin ánimo de lucro, por importes de 36.349,50 euros en 2022, 39.327 euros en 2023, 30.000 euros en 2024 y 29.991 euros en 2025. Los registros las adscriben a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, el departamento responsable también de la regulación cinegética regional.
Los otros 16.000 euros proceden de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Son dos ayudas de 3.000 euros vinculadas a convocatorias de formación y compensación a empresas, concedidas en 2023 y 2025, y otra de 10.000 euros para fomentar la contratación de personas con discapacidad, concedida en junio de 2026.
Casi 22 millones de euros en subvenciones desde 2022
No obstante, los 151.667,50 euros concedidos por la Comunidad de Madrid forman parte de una cifra mucho mayor. Según el análisis publicado por Jara y Sedal sobre las subvenciones públicas recibidas por SEO/BirdLife, la organización obtuvo 21.854.844,31 euros en ayudas concedidas entre febrero de 2022 y septiembre de 2026. De esa cantidad, 18.579.147,70 euros proceden de organismos estatales, 2.807.860,62 euros de administraciones autonómicas y 467.835,99 euros de entidades locales.
Dentro del reparto autonómico y local, Madrid no es ni mucho menos la comunidad que más ha aportado: Cataluña encabeza la lista con 799.219,04 euros entre ayudas autonómicas y locales, seguida de Canarias —donde ahora han conseguido la prohibición de la caza de la codorniz en El Hierro— con 671.706,07 euros y Cantabria con 559.989 euros. La suma de lo concedido por la Comunidad de Madrid (151.667,50 euros) y por entidades locales madrileñas (39.839 euros) asciende a 191.506,50 euros, aunque conviene no confundir ambas cifras: la que corresponde estrictamente al Gobierno regional es la primera.
La obligación de rendir cuentas no desaparece por recurrir
Recibir una subvención pública no limita el derecho de ninguna asociación a recurrir una decisión administrativa, y eso incluye a SEO/BirdLife. Pero la Ley General de Subvenciones somete a los beneficiarios de fondos públicos a justificar el destino de cada ayuda conforme a las bases de la convocatoria, y la Ley de Transparencia impone obligaciones reforzadas de publicidad activa a las entidades privadas que superan ciertos umbrales de financiación pública, como es el caso de una organización que roza los 22 millones de euros recibidos en poco más de cuatro años.
El debate de fondo no es si una entidad puede acudir a la Justicia —puede y lo ha hecho en distintos territorios durante años—, sino si el ciudadano puede conocer con precisión qué proyectos concretos se pagan con ese dinero y qué resultados ofrecen. Mientras esa cuestión sigue abierta, el efecto inmediato ya está en el campo: nueve especies han quedado fuera del aprovechamiento autorizado y los cazadores madrileños han tenido que rehacer, de un día para otro, una temporada que habían preparado conforme a una orden publicada meses antes por su propia Administración.
