Acabar con la caza, la pesca o el aprovechamiento forestal en los Parques Nacionales en los que siempre se han practicado estas actividades –puesto que son compatibles con la conservación– tendría un alto coste para los españoles.
4/1/2018 | Europa Press
El Grupo Popular calculó que las indemnizaciones a propietarios, tanto privados como ayuntamientos, de espacios dentro de Parques Nacionales ascienden a 320 millones de euros, según ha explicó la diputada del PP María Teresa de Lara durante un debate en el Congreso de las enmiendas del senado al proyecto de Ley de Parques Nacionales.
El texto fue contestado por toda la oposición. En especial, criticaron la incorporación desde la Cámara Alta de la enmienda 278, que prorroga seis años, desde la entrada en vigor del texto, las actividades incompatibles en estos espacios, como la caza, la pesca o la tala comercial.
Sin embargo, De Lara subrayó que la Ley en vigor, aprobada por consenso en 2007 e impulsada por los socialistas, y el proyecto de Ley actual tienen «idéntico texto» en lo que se refiere a la prohibición de la caza deportiva y comercial y en cuanto a las indemnizaciones que asumirán las administraciones para compensar los derechos de los propietarios privados.
En este sentido, reprochó al PSOE que, cuando aprobó la vigente Ley de Parques Nacionales, que fija el fin de estas actividades en estos espacios para 2020, «no asumió derechos ni pagó indemnizaciones, ni llegó a ningún acuerdo con los propietarios privados o con ayuntamientos» para adecuar la situación de estos enclaves protegidos a la ley.
El PP no ve factible pagar ahora
La parlamentaria popular argumentó que el monto estimado de 320 millones de euros que deberá abonarse para poner fin a estas actividades «no es factible en estos momentos» y reprochó al PSOE que no hiciera nada «en tiempos de bonanza», así como de no establecer los mecanismos suficientes para ello, frente al texto del PP que, a su juicio, sí contempla las expropiaciones una vez acabado el plazo si no se alcanzan acuerdos voluntarios.
Además, recordó que frente a las críticas dirigidas a Cabañeros, donde los derechos de caza son «especialmente relevantes», estos también afectan a Picos de Europa a Sierra Nevada y a Doñana.
Respecto al Parque Nacional de Cabañeros, insistió en que cerca del 50 por ciento de sus terrenos son «cotos privados de caza» que pagan sus impuestos y cuya actividad principal es la cinegética. De hecho, afirmó que este parque fue declarado «en contra de la voluntad» de muchos de sus propietarios, de quienes, por otra parte y junto con la población local, dijo que han contribuido históricamente a su conservación.
En todo caso, insistió en que el texto da mayor seguridad jurídica y lamentó la «crítica fácil» y la «demagogia», «sectarismo» y «mentira» en el debate parlamentario porque se van a votar 17 enmiendas y los grupos se han referido únicamente a una de ellas, la que permitirá seguir realizando actividades incompatibles durante seis años más, hasta finales de 2020.
«Basta ya de demagogia y de mentiras. Ni se deja la puerta abierta a la caza, ni se favorece a los ricos y amigos de la señora De Cospedal. Ya estamos hartos de oír lo mismo siempre», denunció De Lara.
El PSOE, contrario a la caza
Sin embargo, la secretaria de Cambio Climático del PSOE y portavoz socialista en materia de medio ambiente en el Congreso, Pilar Lucio, bromeó con que esta ley pondrá «contentos» a los amigos del PP. «Parece imposible que esto pueda pasar, este ambiente de escopeta nacional», lamentó Lucio.
Según defendió, los Parques Nacionales son la «joya de la corona de la conservación» y para cazar, talar madera, hacer rafting o volar sin motor «hay otros lugares afortunadamente» en España. «No todo vale. Hay que distinguir lo público de lo privado. Debe primar el interés general y no de unos privilegiados o unos pocos. Espero que lo dejen aquí y no traigan más leyes ambientales. No les prometan a sus amigos que esta ley les va a garantizar muchos años de caza porque no lo vamos a permitir», sentenció la socialista.
Mientras, Martí Barberà, de CiU, se opuso al proyecto de ley y a las enmiendas del Senado porque es «innecesaria e inoportuna e inconstitucional». «Es inoportuna porque con el actual marco legal y sus mecanismos se puede ejercer la función de coordinación y evaluación de la red por si alguna administración no cumpliera con los requisitos marcados. ¿Qué motivo tienen para imponer esta ley que sólo tiene el apoyo del PP? «, se preguntó, avisando al mismo tiempo de que abrirían una nueva etapa de litigiosidad competencial entre la Generalitat y el Estado porque es «inconstitucional».
Desde PNV, Joseba Agirretxea insistió en que votaría en contra tanto de las enmiendas procedentes del Senado como de la propia ley y criticó que no se haya contado con las comunidades autónomas. «Si de por sí ya la ley tenía carencias importantes al salir del Congreso, la incorporación del Senado la ha rematado con usos que no corresponden a un parque natural», valoró.
En la misma línea, Ascensión de las Heras, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), aseguró que las enmiendas del Senado «consuman el desastre para el medio ambiente» y supone «un nuevo episodio de la escopeta nacional» para personas cercanas al Partido Popular.
Para el portavoz de UPyD, Toni Cantó, el Gobierno es «tímido» cuando se trata de recuperar competencias para la Administración Central pero «claro y valiente» en lo que tiene que ver con la caza o el aprovechamiento económico. «Están utilizando ciertos Parques Nacionales como su cortijo», sentenció.
Finalmente, el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, aseguró que los senadores del PP habían obedecido «a pies juntillas» las instrucciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y aprobaron una enmienda que permite que seguir con las monterías en las fincas privadas de «algunos señoritos».
Europa avala la caza como herramienta de conservación
Tal y como publicábamos hace escasos días, el comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, en una respuesta oficial en nombre de la Comisión Europea a la Oficina Nacional de la Caza ha afirmado que la caza sostenible «puede ser una herramienta para ayudar a lograr los objetivos de conservación de la Red Natura 2000».
Además, desde Europa quisieron poner de manifiesto que corresponde a las autoridades españolas competentes garantizar que la caza y otras actividades desarrolladas en los sitios Natura 2000, haciendo alusión a Monfragüe, sean compatibles con la conservación del hábitat y de las especies protegidas.
