Sindicatos como Unións Agrarias (UU.AA.) han avanzado un «cambio de estrategia» para evitar los daños causados por el jabalí en las explotaciones agroganaderas. Así, está promoviendo una campaña para reclamar en los tribunales a los gestores de los terrenos cinegéticamente ordenados (tecores) «el 100 por 100» de los costes que esta especie ocasiona y buscar así que la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda «reaccione».
Además, la organización pedirá la declaración de emergencia cinegética, como ya ocurrió en la segunda mitad del 2019, y que la Xunta ponga en marcha del Fondo de Corresponsabilidad contemplado en la ley gallega de caza de 2013, aunque avisa que «se quedará corto».
Así lo anunciaron en una rueda de prensa telemática el secretario xeral de UU.AA., Roberto García y el secretario de Desenvolvemento Rural del sindicato, Jacobo Feijóo, quienes consideran que la estrategia de «interlocución» seguida hasta el momento no ha surtido efectos y ha desencadenado en el descontrol de lo que ya denominan «una plaga».
No obstante, varios tecores de caza gallegos han amenazado con dejar de cazar si les denuncian por estos daños agrícolas provocados por jabalíes, según publica este lunes La Voz de Galicia.
«Es el momento de plantearse que hay que ir a un cambio radical. No puede ser que las poblaciones de jabalí sigan descontroladas, que los daños vayan a más año a año y que el coste de los daños estén repercutiendo cada vez más en las rentas de los productores y los ganaderos», explicó el responsable de Desenvolvemento Rural de UU.AA.
«Ante la ausencia de respuesta por parte de la Consellería, nos vemos abocados a tomar la decisión de judicializar los procesos», aseveró. No obstante, hay tecores que dejarán de cazar si estas amenazas siguen su curso.
Las consecuencias de no cazar en pandemia: los accidentes de tráfico con fauna se disparan
Los accidentes con jabalíes han aumentado en el último año en Galicia debido al crecimiento de su población, un hecho provocado por la falta de caza por las restricciones sanitarias. Así se desprende de un informe dado a conocer la pasada semana.
