Hay imágenes que explican por sí solas algunas de las contradicciones surgidas alrededor de la protección animal. La que acompaña a estas líneas ha sido tomada en El Escorial (Madrid) y muestra dos carteles municipales colocados en el mismo poste. El primero amenaza con sanciones de hasta 3.000 euros si un perro deposita sus excrementos u orina en lugares de paso; el segundo exige respetar a los gatos de una colonia felina instalada en ese mismo espacio.
El aviso superior recuerda a los propietarios de perros que deben evitar que sus animales hagan sus necesidades en lugares de paso habitual y, si ocurre, retirar los excrementos o limpiar la zona inmediatamente. En la parte inferior aparece destacada la advertencia: «Sanción entre los 300 y 3.000 euros».
Justo debajo, sin embargo, otro cartel anuncia la existencia de una «colonia felina controlada» incluida en el programa CES/CER —captura, esterilización y retorno—. En este caso, el mensaje dirigido a los vecinos es muy diferente: «Respeta a los felinos», «no molestar a los gatos» y «no retires ni alteres el alimento, comederos o refugios», pueden leerse.
El dueño del perro limpia; de los gatos responde el Ayuntamiento
La obligación impuesta a quienes pasean con un perro no ofrece dudas. El Ayuntamiento de El Escorial ya explicó, durante una campaña municipal desarrollada en 2022, que su Ordenanza de Bienestar Animal obliga a evitar que las mascotas depositen excrementos y orines en lugares de paso y exige, en todo caso, su retirada o limpieza inmediata. El incumplimiento puede castigarse con multas de entre 300 y 3.000 euros.
La comparación entre ambos anuncios resulta especialmente llamativa. Si el perro defeca, existe una persona identificable a la que sancionar si no recoge las heces. Los gatos comunitarios, por el contrario, viven libremente en la vía pública, se desplazan por jardines, aceras y propiedades próximas y, evidentemente, también hacen sus necesidades. Sin embargo, no hay detrás de cada uno de ellos un propietario particular al que exigir que limpie inmediatamente lo que deja el animal.
Esto no significa que la legislación autorice que las colonias felinas se mantengan en condiciones insalubres. La diferencia es que la responsabilidad sobre esos animales recae, en gran medida, en la Administración local. Por tanto, si una colonia genera suciedad, malos olores o conflictos vecinales, corresponde al Ayuntamiento establecer medidas de alimentación, limpieza, atención sanitaria y control poblacional.
La Ley de Bienestar Animal blinda a los gatos comunitarios
La situación actual nace de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Su artículo 38 ordena controlar la población de todos los gatos comunitarios para reducirla progresivamente, pero manteniendo su consideración y protección como animales de compañía. También obliga a esterilizarlos e identificarlos mediante microchip bajo titularidad municipal.
El artículo 39 atribuye a los ayuntamientos la gestión de estos animales. Los municipios deben censar las colonias, desarrollar programas sanitarios, atender a los ejemplares que lo necesiten y establecer protocolos para resolver los conflictos vecinales. Además, las comunidades autónomas deben fijar criterios sobre alimentación, limpieza, cuidados sanitarios y ubicación de refugios y comederos.
Pero el blindaje va mucho más lejos. El artículo 41 obliga a los ciudadanos a respetar la integridad de los gatos comunitarios y sus instalaciones. También exige a los responsables de perros impedir que estos alteren o pongan en riesgo las colonias. El artículo 42, por su parte, prohíbe retirar o desplazar a los felinos salvo en supuestos muy concretos relacionados con su bienestar, la biodiversidad, la fauna protegida o la salud y seguridad de las personas.
Una fotografía que resume un agravio difícil de explicar
Jara y Sedal ha recogido durante los últimos años numerosas advertencias de científicos y veterinarios sobre las consecuencias de este modelo. El investigador Christian Gortázar alertó de que los gatos sin confinar provocan impactos sobre la habitabilidad urbana, la salud pública y la biodiversidad. Por su parte, el presidente de la Organización Colegial Veterinaria, Luis Alberto Calvo, ha defendido que el control de estas colonias debería tener como objetivo final su desaparición progresiva.
La propia ley afirma que pretende reducir su número, pero al mismo tiempo dificulta extraordinariamente su retirada y obliga a mantenerlas, esterilizarlas, alimentarlas y protegerlas mientras continúa ese proceso. El resultado es la estampa que ofrece este poste de El Escorial: al dueño del perro se le recuerda que puede recibir una multa de hasta 3.000 euros si no limpia inmediatamente; ante los gatos que viven permanentemente en ese mismo lugar, el ciudadano debe mantener las distancias y no alterar su entorno.
Los gatos no tienen culpa alguna, como tampoco la tienen los perros. La contradicción está en un sistema que carga toda la responsabilidad sobre el propietario de unos mientras socializa entre ayuntamientos y vecinos las molestias y los gastos generados por los otros.
