Sr. Presidente:
Me dirijo usted con motivo de las continuas agresiones que desde distintos ministerios de su Gobierno y especialmente la Dirección General de los Derechos de los Animales, se vienen perpetrando frente a todo lo que tiene que ver con la actividad cinegética y muy especialmente contra los perros de caza.
Me permito recordarle que la caza es una actividad legítima, legal y esencial. Esto último, lo puso especialmente de manifiesto la pandemia y el estado de alarma, que tan bien conoce. De hecho, si no se cazasen anualmente en España medio millón de jabalíes y otros tantos ciervos, no podría usted circular de forma segura por las carreteras españolas; sin cazadores controlando las plagas de conejos o jabalíes que asolan los campos de cereal, de viña, o de cultivos en lugares de toda España, la agricultura sería insostenible: imposible. Ello sin olvidar que la actividad cinegética es una actividad no subvencionada, sostenible por sí misma y que mantiene cientos de miles de puestos de trabajo en lo que ustedes llaman la «España vaciada».
Me permito igualmente recordarle que en un contexto de peste porcina africana y expansión de la tuberculosis en animales, el papel de los cazadores, es y seguirá siendo esencial. Recalco, insustituible.
Pese a todo lo anterior, en lugar de mimar una actividad netamente favorable para la sociedad, se vienen dando pasos orientados a socavar y menoscabar el desarrollo de la misma, cuando no su prohibición de hecho. Y todo ello de la mano de Unidas Podemos, su socio de Gobierno, abiertamente contrario a la caza, marcadamente posicionado en el animalismo radical, rancio y más intolerante.
Precisamente de la mano de sus socios de gobierno, se creó la pomposa Dirección General de los Derechos de los Animales, que bajo la batuta de un fundamentalista, pretende invertir la relación entre animales y humanos llegando a manifestar «que los animales también son parte de la ciudadanía». ¿Cómo se puede sostener está majadería y seguir cobrando del Estado? Y es precisamente desde dicha Dirección General desde donde se han promovido iniciativas como el Anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los animales y el Proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de núcleos zoológicos de animales de compañía.
Ambos proyectos, y muy especialmente el primero, tienen el privilegio de haber desatado el rechazo unánime de todos y cada uno de los colectivos afectados. No ha faltado uno solo. Desde los veterinarios a los científicos, pasando por los cazadores, ganaderos, criadores, adiestradores, fuerzas y cuerpos de seguridad y un largo elenco de grupos. Le remito a la hemeroteca a usted y a sus asesores para que comprueben la aversión unánime que tal engendro legislativo ha producido. Y además de su repulsa, una enorme alarma social frente a unos textos que, de materializarse, supondrían un nuevo estatus jurídico de los animales inasumible en términos de una relación normal con un animal de compañía. Sería bueno que alguno de sus asesores le explicase a su director que los animales no son seres humanos, y que decir que los animales son parte de ciudadanía es simplemente una majadería o una frase propia de un enajenado. El problema es que el «iluminado» en cuestión maneja un presupuesto de 4 millones de euros, que por arte de magia (quizá como premio) se han convertido en 6 millones con la última modificación de los Presupuestos Generales del Estado.
Obviamente preocupa el Anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los animales, y la adaptación a dicha norma, que todas y cada una de las regiones españoles deberán hacer, incluso a pesar de haber aprobado hace un cuarto de hora muchas de ellas sus propias leyes de bienestar animal. Pero lo que más nos inquieta y nos repugna es la afirmación contumaz y repetitiva de que es necesario modificar el Código Penal nuevamente y «dar mayor protección a los animales». Más cuando lo escuchamos en boca de los más radicales de su gobierno.
No es cierto que los animales no gocen de protección en España. Falso de toda falsedad. No es cierto que el maltrato animal sea impune en España para pretender extender el tipo penal hasta el infinito. El maltrato animal ya está castigado con penas de prisión y fue objeto de una revisión profunda en 2015 como bien conoce su ministro de Justicia y la Fiscalía General del Estado. Perpetrar una reforma del Código Penal en este sentido, como repite el grupo Unidas Podemos, sería una fechoría que junto a la modificación del resto de leyes que hemos citado, el Código Civil y la Ley de Seguridad Ciudadanía, dejaría a todos los que viven con animales en una situación de vulnerabilidad y de inseguridad jurídica insoportable e inasumible en un Estado de Derecho.
Me causa estupor tanta sensibilidad con las mascotas o con los perros de caza, y tan poca con los seres humanos. Desde ARRECAL y la OFICINA NACIONAL DE LA CAZA venimos denunciando una y otra vez desde hace años la impunidad (ésta es real, Sr. Sánchez Castejón) con que los animalistas más radicales agreden en las Redes Sociales a los cazadores. Pese a ello, y pese a que parte de la sociedad se ve inerme frente a tales ataques y que les hemos pedido en varias ocasiones que revisen el Código Penal, esto, ni mencionarlo. Ni un paso para tratar de solucionar un problema real, y que afecta a cientos de miles de españoles que se ven maltratados, vejados y coartados en su libertad por una secta de fundamentalista que trajina con el nuevo cuerpo legislativo que pretende aprobar el mariscal de campo de la Dirección General de los Derechos Animales representa.
Así no vamos bien. Y de continuar en esta línea nos condena a la desaparición, y lógicamente a la oposición política más recalcitrante a su Gobierno. Los cazadores somos un colectivo transversal. La caza no es de izquierdas ni de derechas. Hay cazadores de Teba y cazadores de alpargata, pero todos tienen algo en común, su pasión por una actividad ancestral que forma parte de nuestra cultura y hasta es un rasgo definitorio del personaje más universal de nuestra literatura, Alonso Quijano.
Es la primera vez que me dirijo a usted directamente, en una carta que publicaré y enviaré a los medios para su difusión y conocimiento. Le ruego, en beneficio de la sociedad española, que reflexione, que dé marcha atrás a todas estas ensoñaciones fantasiosas auspiciadas por personas ajenas a la realidad y que legislan desde el odio y el resentimiento. Le pido, por favor, que no se deje arrastrar y que ponga orden. De otro modo, le dejo constancia de que legisla usted contra millones de españoles ligados a la España rural y que nos tendrá enfrente con un sólo objetivo, conseguir que nuestra forma de vida no desaparezca.
Reciba un cordial saludo,
Felipe Vegue Contreras
