Fundación Artemisan ha exigido al Gobierno de España que escuche el clamor de los cientos de miles de cazadores que colapsaron el pasado domingo Madrid a través de una marea naranja, en una manifestación histórica que reunió en la capital española a 800.000 personas, la gran mayoría de ellos cazadores, y dé respuesta a las reivindicaciones presentadas.
El sector cinegético español movilizó más de 1.000 autobuses llegados de todo el país para exigir respeto a una actividad que aporta anualmente 6.500 millones de euros al PIB, garantiza más de 180.000 empleos en áreas rurales e invierte más de 300 millones de euros en la conservación y el cuidado de la naturaleza.
Para el presidente de Fundación Artemisan, José Luis López-Schümmer, el domingo fue «histórico» y por eso ha querido agradecer a los cazadores de toda España que representaron en torno al 80% de los asistentes a la manifestación, y al resto de sectores del campo que se unieron en una única voz, para pedir al Gobierno que «preste atención y deje de dar la espalda al mundo rural».
En esta línea, señala que el Gobierno español sabe hoy que «la caza no solo está viva y dispuesta a defender sus derechos, sino que además ayer demostró de lo que es capaz, poniendo en marcha una de las mayores movilizaciones que se recuerdan en la historia de España».
Para López-Schümmer, «el Gobierno no pueden seguir ignorando a la caza, porque esto acaba de empezar». Algo que, en su opinión, quedó más que patente el domingo al ver la respuesta de cientos de miles de cazadores ataviados con chalecos y gorras naranjas en defensa de la caza.
Ley de Bienestar animal y modificación del código penal
Entre las principales demandas de los cazadores está la retirada del anteproyecto de ley de bienestar animal y que se retire la propuesta de modificación del código penal, ya que la aprobación de ambas normativas, cargadas de ideología y carentes de criterios técnicos o científicos, supondría directamente acabar con la caza.
Igualmente, piden la eliminación de la restricción de la caza en los parques nacionales que ya está generando graves problemas por la expansión descontrolada de las poblaciones, que no se prohíba el uso de munición de plomo sin contar con estudios independientes y que no se prohíba la caza de especies migratorias sin tener en cuenta el estatus real de sus poblaciones.
Otra de sus reivindicaciones es modificar la Orden por la que se incluyó al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), volviendo a la situación anterior que tan buenos resultados había dado en la conservación de la especie y su convivencia con la ganadería.
Además, los cazadores exigen que se deje de criminalizar la actividad cinegética en sectores como el educativo o en los medios de comunicación y que se persigan los delitos de odio contra el colectivo, así como que se endurezcan las penas por furtivismo, un delito que nada tiene que ver con la caza y que los cazadores llevan años luchando por desterrar.
Finalmente, piden que se trabaje por la continuidad de la caza a través del fomento del relevo generacional y la eliminación de restricciones para la obtención de licencias de armas de caza. También solicitan que se reconozcan las ventajas que el turismo cinegético aporta a España o las bondades del consumo de carne de caza tanto a nivel nutritivo como de respeto al medio ambiente.
