La Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha recibido la denuncia de animalistas pertenecientes a la Asociación de Juristas por la Defensa Animal y el Medio Ambiente de Córdoba contra el titular de un coto de caza, un conocido organizador de monterías en la provincia.
Sobre estas circunstancias, el grupo animalista ha argumentado, a través de una nota de prensa, que en dicho coto «se han excedido del cupo autorizado».
Según han informado, la resolución del plan de aprovechamiento cinegético (PAC) del acotado establecería como cupo máximo permitido a abatir en cuanto a ciervos 47 machos y 47 hembras, una cifra que los animalistas han cotejado para denunciar al orgánico.
Los animalistas apuntan que la montería superó con creces el cupo autorizado
La montería en cuestión tuvo lugar el pasado mes de octubre de 2023. En ella, tal y como aseguran desde la asociación animalista y a tener de los vídeos de la cacería difundidos, se habrían dado caza a más de los animales permitidos en el PAC, lo que denuncian como «una infracción calificada como muy grave en la Ley de Flora y Fauna».
Asimismo, han añadido que, por tales hechos, «se enfrentan a una sanción que oscila entre los 4.001 a 53.500 euros. Igualmente como sanción accesoria lleva aparejada la suspensión o inhabilitación para la obtención de la correspondiente licencia o autorización del aprovechamiento por un periodo comprendido entre cinco años y un día y diez años».
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Los animalistas han instado a la Delegación del Gobierno andaluz a iniciar un expediente sancionador teniendo a la asociación como parte interesada en el procedimiento y, así, dar vista de todo lo actuado.
«Desde Damac Juristas instamos igualmente a la administración al incremento de las inspecciones y controles de estos hechos de cara a verificar el cumplimiento de las autorizaciones otorgadas», han sentenciado.
¿Cómo han conseguido la resolución del plan de aprovechamiento cinegético?
Algunos cazadores se preguntan ahora cómo los animalistas tuvieron acceso a un documento privado que recoge datos personales y que solo debería tener la Administración y el titular del acotado.
Cuando un técnico solicita la renovación de un plan de aprovechamiento cinegético de un coto de caza y posteriormente se emite la correspondiente resolución, esta es de carácter privado, arriesgándose a tener que correr con las consecuencias jurídicas correspondientes quien pudiera haberla compartido con personas ajenas al acotado.
Si bien aún se desconoce cómo tuvieron acceso al documento, lo que está claro es que ha sido este el que les habría servido para cotejar el cupo de ciervos establecido en la zona y, así, poderlo comparar con la información compartida en las redes sociales por el propio orgánico y poder denunciarlo.
