La Fiscalía comienza a considerar al ecologismo y al animalismo radical como terrorismo
El final del verano trae consigo que las aves migratorias emprendan su largo viaje de vuelta hacia África. Será allí donde pasen los meses de invierno, huyendo de los fríos de la península. Este regreso, al igual que ha ocurrido en años anteriores, supone un desafío para asegurar la protección de sus nidos, algo que les ayuda a continuar con su ciclo vital con mayor facilidad.
En este sentido, los agentes rurales de Cataluña han detectado, durante este año, un preocupante número de nidos de golondrinas, aviones y vencejos obstruidos o destruidos. La causa, según han apuntado los agentes, se debe a que muchas fincas aprovechan la larga ausencia de dichas aves para deshacerse de ellos.
Para prevenir esto, han han intensificado las inspecciones. Asimismo, cuanto los daños ya se han provocado, las sanciones son contundentes.
Sin embargo, no son solo los agentes rurales quienes se encargan de abrir expedientes, también la Fiscalía actúa en ocasiones y, de este modo, los casos acaban en sentencias condenatorias.
Condenado por destruir nidos en Barcelona
Muchas de esas sentencias son elevadísimas. Se acaba de hacer público el caso de la presidenta de una comunidad de propietarios en Barcelona que encargó varias reparaciones en el sistema de drenaje de aguas pluviales en el techo de un edificio. Así, el albañil contratado para la obra eliminó todos los nidos de avión común presentes.
Dicha acción ocurrió en mayo. Durante este mes, los ejemplares de esta especie estaban en pleno proceso de incubación de huevos. Esto llevó a la presidenta de la comunidad y al albañil ante un tribunal en Granollers, acusados de un delito contra la fauna.
A pesar de esto, un acuerdo previo con la Fiscalía evitó que ambos recibieran una condena más severa. Incluso, esta podría haber alcanzado los seis años de prisión, multas e inhabilitación.
La presidenta, como resultado de ese pacto, recibió una multa de 1.200 euros, además de la prohibición de ejercer cualquier oficio o profesión relacionada con la construcción o reparación de fachadas y paredes exteriores.
En el caso del albañil, a este le han impuesto una sanción de 1.440 euros y la misma inhabilitación, con duración de dos años, algo que limita su empleabilidad en el sector al que se dedica.
