La Asociación del Corzo Español (ACE) mantuvo el pasado jueves, día 10, una reunión con representantes del Partido Popular en la sede nacional del partido, situada en la calle Génova de Madrid. Por parte del Partido Popular participaron Rafael García González, secretario ejecutivo de Biodiversidad, y José Ignacio Herce Álvarez, asesor de la Secretaría.
Durante el encuentro, la ACE trasladó su preocupación por la implantación del sistema de precintos digitales en Castilla y León. La Asociación dejó claro que no se opone a la digitalización como herramienta para mejorar la gestión cinegética, pero sí cuestiona la forma en que se ha aplicado: sin periodo de adaptación, sin diálogo previo con los actores implicados y sin garantías técnicas mínimas para su correcto funcionamiento.
Fallos técnicos y desconfianza del sector
Los múltiples fallos detectados desde su puesta en marcha —como la inoperatividad del sistema, errores en la validación de precintos, problemas de titularidad y caídas de la plataforma— han generado una situación de inseguridad jurídica y operativa que afecta de forma directa a cazadores y gestores.
Una de las mayores inquietudes es la posibilidad de que el sistema permita la duplicación de precintos o impida conocer con precisión las capturas reales. A juicio de la ACE, esto invalida el modelo actual como fuente fiable de datos y lo aleja de los principios de trazabilidad, transparencia y rigor que deben regir la gestión de un recurso tan sensible como el corzo (Capreolus capreolus).
La Asociación recalcó que su prioridad es garantizar una gestión ordenada y sostenible de esta especie, que requiere sistemas técnicamente solventes y precisos. En esta línea, advirtió del deterioro de la confianza en el sector, algo que reflejan encuestas donde hasta un 86 % de los usuarios muestran su rechazo al modelo actual y a su implantación sin información ni garantías suficientes.
Identificación del cazador y derechos del medio rural
Otro de los temas abordados fue la identificación del cazador, medida que la ACE considera innecesaria para garantizar la trazabilidad. En un contexto de creciente intervención tecnológica, esta obligación se percibe como una injerencia en la privacidad que genera malestar. La caza, como actividad voluntaria, legal y personal, representa para muchos un espacio de libertad y conexión con la naturaleza. Según la Asociación, la obsesión por fiscalizar al cazador sin base técnica justificada desnaturaliza la práctica cinegética y vulnera derechos fundamentales.
Compromiso y disposición al diálogo
La ACE valoró positivamente la disposición del Partido Popular a escuchar con atención las inquietudes del sector y a explorar vías de mejora. Durante la reunión, sus interlocutores se comprometieron a analizar lo sucedido y a buscar soluciones consensuadas, priorizando la gestión adecuada del recurso y la seguridad jurídica del administrado.
La Asociación agradeció públicamente el buen talante, la receptividad y el clima de diálogo ofrecido por los representantes del PP, lo que permitió una conversación franca, respetuosa y orientada a soluciones reales. Ambas partes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un modelo eficaz, técnicamente garantista y respetuoso con los derechos del medio rural.
