El sistema de precintado digital impulsado por la Junta de Castilla y León vuelve a estar en el centro de la polémica. Tras meses de críticas por los problemas técnicos de la aplicación móvil que deben usar los cazadores, la Asociación del Corzo Español (ACE) ha decidido actuar judicialmente contra la normativa que regula este mecanismo de control telemático de capturas.
La decisión, respaldada por su Junta Directiva y aprobada en Asamblea General, ha sido comunicada por escrito a todos los socios de la entidad. En el documento, al que ha tenido acceso Jara y Sedal, se detallan las acciones legales que se han emprendido, entre ellas un recurso contencioso-administrativo contra la orden autonómica que impone el sistema digital y un recurso de alzada contra la resolución que lo desarrolla técnicamente.
Recurso contra la orden de la Junta
La Orden MAV/258/2025, que regula el sistema telemático para trasladar las piezas de caza o sus partes en Castilla y León, fue publicada el 12 de marzo. Esta normativa no permite ser recurrida en vía administrativa, por lo que la ACE ha optado por acudir directamente al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), que ya ha admitido el recurso a trámite.
El procedimiento judicial arrancó oficialmente el pasado 15 de mayo y, según el auto del tribunal, se ha requerido a la Junta que remita el expediente administrativo completo en un plazo improrrogable de 20 días hábiles. La causa será instruida por la Sección 1ª del TSJ.
Recurso administrativo por la vía ordinaria
Paralelamente, la ACE ha interpuesto un recurso de alzada contra la resolución de 19 de marzo de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, que detalla los requisitos de acceso, uso y grabación en el sistema electrónico. Aunque esta resolución sí admite recurso, la organización teme una desestimación por silencio administrativo, por lo que ha anunciado que, en ese caso, interpondrá inmediatamente recurso contencioso también por esta vía.
Gracias a las aportaciones de sus socios y simpatizantes, la ACE ha podido contar con los servicios del despacho de abogados AUREN, liderado por la letrada del Estado en excedencia Noelia Ayala, quien dirigirá la estrategia legal.
Una ofensiva jurídica con recorrido
«Una vez se reciba el expediente o expedientes administrativos de la Consejería de Medioambiente de la Junta de Castilla y León, los abogados de la ACE prepararán y presentarán la demanda correspondiente con los hechos y fundamentos de derecho que correspondan», explican en el comunicado. Esta iniciativa supone el primer gran movimiento legal de una entidad cinegética contra el precinto electrónico de Castilla y León, una medida que desde su implantación ha generado numerosos problemas operativos y rechazo por parte del sector.
En marzo, distintas asociaciones ya solicitaron a la Junta la retirada o revisión inmediata del sistema. Ahora, la ACE ha decidido dar el siguiente paso y judicializar un conflicto que, a falta de soluciones técnicas eficaces, podría acabar marcando un precedente clave para los cazadores de todo el país.
