«Cabe la posibilidad de que la apertura del corzo se retrase unos días», ha reconocido Santiago Iturmendi –presidente de la Federación de Caza de CyL- a Jara y Sedal. Desgranamos el documento que pretende blindar la caza en la región y corregir los elementos del auto que anularía el decreto que establece las especies que pueden ser consideradas como cinegéticas en la región, cuya entrada en vigor podría demorarse a primeros de abril.
1/3/2019 | Redacción JyS
La Ley que blindará la caza Castilla y León y que Jara y Sedal ya adelantaba se votará el 27 de marzo. Los grupos parlamentarios del PP, PSOE y Cs de las Cortes de Castilla y León han presentado una proposición de ley para modificar la propia ley de caza en la Comunidad Autónoma -/1996, de 12 de julio-. Se pretende blindar la caza en la región y corregir los elementos del auto que anularía el decreto que establece las especies que pueden ser consideradas como cinegéticas.
Además, «cabe la posibilidad de que la apertura del corzo se retrase unos días», ha reconocido Santiago Iturmendi –presidente de la Federación de Caza de CyL- a Jara y Sedal. Como antecedentes, el proyecto de ley explica que «la caza en su concepción actual ha de ser considerada como una actividad social, que debe mantenerse y fomentarse, ya que su ejercicio de manera ordenada contribuye sin duda al mantenimiento y conservación del rico patrimonio natural de Castilla y León, además de aportar considerables beneficios culturales, económicos y sociales».
También recoge el escrito que el aprovechamiento de los recursos cinegéticos «es una actividad esencial para el desarrollo del medio rural por su indudable contribución a la adecuada práctica de la agricultura y ganadería extensiva, sectores fundamentales en la economía regional. Todo ello sin olvidar que el ejercicio de la caza evita el riesgo evidente que para la salud humana y para la seguridad viaria conlleva la sobrepoblación de determinadas especies». Por otra parte, destaca que la caza favorece la conservación de los ecosistemas y de la fauna protegida al evitar desequilibrios en los mismos «y en especial en las especies vegetales y animales, algunas de ellas amenazadas».
Según la proposición de ley, la ausencia de actividad cinegética «pone en peligro la disponibilidad de recursos tráficos para otras especies protegidas que tienen que competir por su hábitat». En el caso de Castilla y León «está constatado que la sobreabundancia de poblaciones de ungulados silvestres, en los hábitats de especies catalogadas en peligro de extinción (urogallo cantábrico, oso pardo cantábrico) es negativa para estas dos últimas especies, por lo que la gestión de las poblaciones cinegéticas se impone como una medida fundamental para la conservación de las especies más amenazadas», añade el escrito.
Lo más granado de la exposición de motivos del documento
En la exposición de motivos, el documento señala que la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León atribuye en el artículo 70.1.17-, entre otras, «competencia exclusiva sobre caza y explotaciones cinegéticas, así como sobre protección de los ecosistemas en que se desarrollen dichas actividades».
Por su parte, en el ámbito europeo la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, «considera que determinadas especies enumeradas en su anexo II, debido a su nivel de población, a su distribución geográfica, y a su tasa de reproducción en el conjunto de la Comunidad Europea pueden ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional en cada estado miembro».
La actividad cinegética como «herramienta de gestión y control más eficaz»
La actividad cinegética, defiende el escrito, «se ha demostrado en los últimos años como la herramienta de gestión y control más eficaz de las poblaciones de ungulados silvestres, jabalíes o conejos, que permite reducir los danos ocasionados por esta fauna silvestre sobre los cultivos, la ganadería, los accidentes de tráfico y evitar posibles epizootias y zoonosis, tales como la tuberculosis bovina, la peste porcina africana, etc. De hecho, las autoridades internacionales y nacionales están cada vez más preocupadas por las repercusiones que las enfermedades transmisibles por los animales silvestres puedan tener para la salud pública y la seguridad alimentaria».
Siniestralidad y otros aspectos
Las cifras de siniestralidad que ocasiona la fauna silvestre cinegética, según sigue explicando el documento, «constituyen un motivo de preocupación en todos los países de la Unión Europea. Las políticas públicas de seguridad vial exigen la reducción de los efectivos de poblaciones de ungulados silvestres en determinadas comarcas de forma prioritaria por parte de los poderes públicos y, para lograr esta medida, la herramienta más efectiva es la caza».
En España, el documento recoge que según los datos de la Dirección General de Tráfico, en el año 2016 la fauna cinegética ha ocasionado un total de 427 accidentes con víctimas, con 4 muertos, 39 heridos hospitalizados y 515 heridos no hospitalizados. «En nuestra Comunidad durante dicho periodo se contabilizaron 6360 accidentes. Algunas de las provincias castellanas y leonesas se encuentran a la cabeza de este trágico índice de siniestralidad», concluye.
