En España, cinco organizaciones encabezan la lista de grupos ecologistas con mayor poder: Amigos de la Tierra, guías en el camino hacia una sociedad sostenible; Ecologistas en Acción, famosos por el sensacionalismo y la demagogia de sus denuncias públicas; Greenpeace España, expertos en rentabilizar la conciencia ecológica; SEO/BirdLife, que se precia de ser una organización científica; y WWF España, que hace ya unos años decidió que la mejor manera de combatir las actividades empresariales discutiblemente sostenibles es llegar a acuerdos con las compañías que las llevan a cabo, como muestra su relación con Coca-Cola, por ejemplo.
A continuación analizaremos cuánto dinero público ha podido contrastar Jara y Sedal que recaudaron entre 2015 y 2017. Cabe señalar que las cifras reales que reciben son superiores a las aquí indicadas –en el caso de SEO/BirdLife podría ser incluso el doble–, pero nos limitaremos a mostrar aquellas que hemos podido contrastar a través de los organismos públicos.
Como hemos dicho, en España los impuestos de los ciudadanos subvencionan principalmente a cuatro asociaciones ecologistas: Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife, WWF y Amigos de la Tierra. Greenpeace, la otra gran asociación, no admite dinero público para financiarse, lo que la convierte en la única verdaderamente independiente.
Según los datos que ha podido contrastar Jara y Sedal, Ecologistas en Acción recibió un total de 2.840.250 euros en subvenciones desde el año 2015, con una media de 928.418 euros anuales, hasta 2017. El último presupuesto publicado por la asociación arroja el dato de 1.153.000 euros, siendo el 69% del total en ayudas públicas.
Amigos de la Tierra embolsó, entre 2015 y 2017, 1.414.763 euros públicos, siendo un total de 703.386 euros anuales. No tiene número de socios publicado, por lo que se desconoce la media de subvenciones anual por cada uno de ellos, y el último presupuesto publicado arroja el dato de 1.453.173 euros. El 84% de su dinero procede de ayudas públicas.
SEO/Birdlife introdujo en sus arcas 4.335.274 euros, siendo la media anual de 1.407.217 euros. Dicen tener 12.400 socios, por lo que las subvenciones por socio y año son de al menos 113 euros cada uno. El último presupuesto publicado fue de 4.028.185 euros. El 44% de su total, por tanto, procede de ayudas públicas.
Según los datos que ha podido contrastar Jara y Sedal, WWF recibió 3.771.733 euros de subvenciones desde el año 2015, siendo de 1.238.911 euros la media anual. Pero lo cierto es que podrían ser muchos más. Esta organización sí es más transparente a la hora de mostrar sus datos, y ella misma reconoce en su página web que, entre 2015 y 2017 percibió 9.716.894 euros de «organismos públicos y privados». Es muy probable que la mayor parte de esa ingente cantidad de dinero proceda de las arcas públicas, un extremo que la propia asociación ecologista no aclara.
El total de las subvenciones públicas a estas cuatro organizaciones desde 2015 hasta 2017 fue de, al menos, 12.362.022 euros, o lo que es lo mismo, 4.277.934 euros anuales. Sus últimos presupuestos dan un total de 13.731.569 euros entre las cuatro organizaciones. Lo explicamos detalladamente, y organización por organización, en los siguientes párrafos.
¿Son transparentes en sus cuentas?
Una de las principales dificultades a la hora de realizar esta investigación ha sido la escasez de datos publicados por parte de estas organizaciones. El 1 de octubre de 2017 Ecologistas en Acción publicó un apartado en su web llamado «Cuentas claras», donde aseguraba: «queremos que nuestras cuentas sean claras y transparentes, por eso las hacemos públicas». Lo cierto es que sólo subieron los datos referidos a 2015 y 2016. Desde entonces, su web no ha vuelto a ser actualizada.
SEO/BirdLife es otra entidad declarada «de utilidad pública» y que percibe millones de euros de dinero público cada año pero que no expone públicamente sus cuentas. En su web dispone de un apartado destinado a publicar sus memorias anuales. Efectivamente, estas se encuentran publicadas entre 2008 y 2014 de manera ininterrumpida, pero falta la de 2015 y 2017. Además, en esas memorias los datos publicados son muy someros y no permiten extraer datos concluyentes.
En cambio, WWF y Amigos de la Tierra sí disponen de un apartado en su web correctamente actualizado donde muestran sus datos hasta 2018. Esta última incluso cuenta con el sello de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo España. Resulta llamativo que la asociación más pequeña sea también la más transparente.
Millones de euros en «gastos de representación»
Desde 2011, la Fundación Biodiversidad ha concedido a organizaciones ecologistas varios millones de euros en ayudas para desarrollar proyectos de colaboración y representación ante el Estado, la Unión Europea y otras organizaciones internacionales. Las aportaciones, dirigidas a actividades relacionadas con la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sostenible, sólo pueden concederse a cinco organizaciones, según las bases de estas convocatorias: SEO/BirdLife, WWF España, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra y Greenpeace, pero la última no acepta dinero público. Los proyectos rondaron los 100.000 euros en cada convocatoria.
Estas cuatro organizaciones también perciben ayudas en otro presupuesto anual de la misma fundación. La representación ecologista pagada con fondos públicos también llega a los Parques Nacionales. WWF, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción reciben 25.000 euros al año para fomentar su participación en las reuniones del Consejo de la Red de Parques Nacionales gracias a un convenio firmado con el Organismo Autónomo de Parques Nacionales.
Más de 700.000 euros para «promover actividades»
Las cuatro asociaciones anteriormente citadas perciben una asignación permanente de más de 700.000 euros cada año –en el caso de Amigos de la Tierra es de 400.000– de la Subsecretaría de Agricultura para «realizar actividades de interés general consideradas de interés social en la protección del medio ambiente». Una asignación fija y que, ni el Ministerio de Agricultura ni el de Transición Ecológica han podido aclarar a Jara y Sedal por qué conceden, cómo controlan o para qué sirven realmente.
Pero hay más ejemplos. Para desarrollar el programa «El lobo de Andalucía: actitudes cambiantes – La vida de los lobos del sur», WWF se embolsó 251.117 euros, aportando 27.886 a éste de fondos propios desde el 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2020, a pesar de que apenas 15 lobos aún resisten aislados en la Sierra Morena de Córdoba. El financiador principal fue la Unión Europea a través del Programa LIFE Gobernanza. Tuvo el objetivo de sensibilización y condensación sobre la convivencia entre el lobo y el hombre en la Comunidad Autónoma, algo que, a la luz de las noticias publicadas en las que varios ayuntamientos se niegan la reintroducción de la especie, no han conseguido.
El proyecto «SOS conejo para el desarrollo de las bases para una correcta gestión del conejo en España» contó con una partida de 57.306 euros de la Unión Europea y una aportación propia de 28.000, del 15 de noviembre de 2015 al 30 de junio de 2017. Pretendía «la mejora del conocimiento y de la gestión de las poblaciones del conejo en España».
Privilegios y dinero asegurados
Las cinco ONGs tienen un asiento en el Consejo Asesor del Medio Ambiente (CAMA) del Ministerio de Medio Ambiente. Por ley. Estas organizaciones ecologistas, no otras, según recoge el Real Decreto de 2004 que regula la estructura y el funcionamiento de dicho Consejo. La ley recoge los distintos sectores sociales que están representados en él, pero sólo las entidades ecologistas cuentan con un anexo que dicta expresamente cuáles son las elegidas.
Desde su posición en el CAMA pueden influir en la política nacional, así como acceder a sustanciosos fondos: sólo ellas pueden concursar en una convocatoria anual de ayudas que la Fundación Biodiversidad concede para proyectos de colaboración y representación ante la Administración general del Estado, la Unión Europea y organizaciones internacionales en el ámbito de la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sostenible.
A causa de este motivo, la composición del Consejo Asesor del Medio Ambiente (CAMA) del MAGRAMA no satisface a todos los sectores, especialmente al cinegético, totalmente marginado desde hace tiempo por los sucesivos gobiernos de España, según denuncia el presidente de la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y Conservación del Medio Ambiente (Aproca), Luis Fernando Villanueva: «Desde el sector cinegético hemos solicitado por activa y por pasiva que nos dejen entrar a formar parte de ese consejo, pero el Ministerio nunca nos lo ha permitido. Representamos a un millón de personas, todas ellas afectadas de manera directa por las leyes que pasan por este organismo, pero el Gobierno entiende que los cazadores no deben tener voz y que es un terreno exclusivo de los ecologistas». Este hecho contrasta con el caso francés, donde los cazadores van a tomar parte de una gran Oficina de la Biodiversidad para tener voz y voto en la conservación de la naturaleza debido a su gran importancia.
A pesar todo lo anteriormente expuesto los grupos ecologistas quieren conseguir más privilegios y financiación, por este motivo la semana pasada presentaron una serie de medidas de «ecofiscalidad», como explicamos en el siguiente vídeo.
