La prohibición de cazar en Parques Nacionales era un viejo anhelo ecologistas y animalista que se hizo realidad el 5 de diciembre de 2020. «Tantos años después, llega el primer fin de semana sin caza en Parques Nacionales. Una conquista obvia para nuestra biodiversidad. Gracias a vecinos, ayuntamientos, conservacionistas y Organismo Autónomo de Parques Nacionales». Con estas palabras celebraba Teresa Rivera, vicepresidenta del Gobierno de España y Ministra de Transición ecológica el triunfo sobre un viejo anhelo ecologista, cuyo único objetivo era atacar a la caza. Y digo esto porque a los animales hay que seguir controlándolos, dentro y fuera de los Parques Nacionales. Lo que nadie imaginó es que esa «conquista» acabaría así: usando métodos crueles de tortura animal para sustituir a la gestión cinegética.

Las imágenes que hoy han salido a la luz, en las que se ve a un ciervo herido, desnutrido, deshidratado y peleando por mantenerse con vida en una jaula en la que apenas entra es el perfecto retrato de la «conquista» que celebraba Teresa Ribera, y deja al desnudo el populismo y la hipocresía ecologista a la que muchos políticos se han abrazado.

El sinsentido de prohibir la caza en Parques Nacionales era insostenible con argumentos científicos y racionales. Dejando a un lado que los animales deben seguir siendo controlados y que el estado y una parte importante de la España Vaciada se veían despojados de los ingresos económicos que generaba la caza, los españoles ahora estamos sufragando barbaridades como la del ciervo enjaulado. No solo eso, además tendremos que indemnizar con 320 millones de euros del dinero de todos los ciudadanos a los propietarios de esas tierras.

Pero prohibiendo la caza en Parques Nacionales no solo se ha dado la espalda a esa España rural y a los millones de contribuyentes que ya alcanzamos cotas de presión fiscal insoportables. También a la ciencia y a la opinión de la sociedad. Un estudio que el Gobierno archivó en un cajón descubría que la mayoría de los españoles ya apoyaban la gestión cinegética en estos espacios antes de que llevase a cabo la prohibición. Aún así todo les dio igual. Estrechar el cerco a la caza ya no era una cuestión científica ni económica. Ni tan siquiera social. Atacar la caza parece ser, para este Gobierno, una cuestión política.

Por eso sorprendió el silencio de grupos ecologistas y de la propia Teresa Ribera cuando salio a la luz la matanza de una cuarentena de ciervos y jabalíes de Monfragüe el 22 de abril de 2021. Las ejecuciones tuvieron lugar en la finca Las Cansinas, propiedad del parque, a pesar de que los animales estaban en plena fase de reproducción y se trata de una zona protegida al estar algunas especies amenazadas en época de cría. Hembras preñadas, ejemplares jóvenes o adultos sin distinción fueron atraídos a auténticos campos de concentración en los que los encerraron y fueron siendo aniquilados sin ningún reparo. Los grupos ecologistas enmudecieron, no se escuchó ni una sola protesta. Los cazadores se quedaron solos llevando el caso ante la Fiscalía General.

Todo lo vivido hasta la fecha ya era un cúmulo de despropósitos que únicamente se sostenía desde la ideología urbanita más radical y populista, pero la imagen del ciervo de hoy es la fotografía del absurdo del ecologismo y el animalismo en nuestros días. Porque esa tortura animal, ante la que enmudece hasta la misma Dirección General de los Derechos de los Animales del Gobierno, representa las consecuencias de gobernar a base de eslóganes propagandísticos. Y no tiene gracia, porque el sufrimiento al que se ha sometido ese ciervo, y quién sabe cuántos más, ha sido tan innecesario como inhumano y evitable.

Aún descargándonos de argumentos racionales y entregándonos netamente a las emociones, puede que la opción de caza no guste a algunos, pero lo que es innegable es que la labor de control poblacional que ejerce proporciona una muerte mucho más fulminante y piadosa al animal que la que la que este Gobierno le ha dado al ciervo de Monfragüe.

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