El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso planteado por el Tribunal Superior de Justicia que insiste en ejecutar la medida cautelar que paralizaría la caza en la región.
19/2/2020 | Redacción JyS
El pleno del Tribunal Constitucional ha emitido una providencia en la que acuerda admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra la Ley de Caza de la región.
En febrero de 2019 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) anulaba el Reglamento de Caza de Castilla y León. Varios días después se hacía público que esta misma Sala anulaba también la Orden de Caza de 2018.
Para salvar el escollo legal que supondría la prohibición de la caza en la región, la Junta impulsaba la modificación de la ley de caza de 1996, que tuvo el visto bueno de las Cortes pero que, según ha determinado la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ en Valladolid, supondría saltarse la ejecución de la sentencia.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ya trabaja en una nueva ley
El pasado mes de diciembre la Administración autonómica ponía a disposición del público el documento con el que trabaja la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para dar forma al anteproyecto de la denominada Ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León y hasta el pasado 17 de enero ha permanecido abierto el plazo para presentar alegaciones.
Los aficionados a la caza del corzo en la región, cuyo periodo hábil se inicia el 1 de abril, temen verse afectados de considerarse inconstitucional la modificación de la ley de 1996, aunque según las previsiones de la Junta, la nueva debería estar en las Cortes, como muy tarde, en el mes de marzo para su posterior tramitación y entrada en vigor.
La Fundación Artemisan se personará en la cuestión de inconstitucionalidad
La Fundación Artemisan, en colaboración con la Federación de Caza de Castilla y León, ha informado de que se personará ante el Tribunal Constitucional en apoyo de la Ley 9/2919 de 28 de marzo que modificó la anterior Ley de Caza de 1996.
La entidad participará en el proceso puesto que entiende que esa norma no vulnera los principios de legalidad ni de jerarquía normativa, ni tampoco el derecho de las personas a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses, tal y como pretenden el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid y el partido animalista PACMA.
Tras la personación, la Fundación Artemisan dispondrá de 15 días para formular sus alegaciones.
