Vox continúa remando para conseguir avances respecto a la caza en nuestro país. Esta vez, el grupo parlamentario propone, mediante una proposición no de ley (PNL), que las licencias de caza de Andalucía sean gratuitas, algo que ya ocurre en Castilla y León. Además proponen impulsar la unificación de dichas licencias en toda España.

Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, asegura que es una actividad que «tiene un impacto muy positivo en la condición física» y que favorece al «bienestar psíquico». De igual modo, considera que es un sector «estratégico para nuestro país, debido a su importante papel en la gestión del hábitat, la protección de las especies, el control de enfermedades, la generación de empleo y la riqueza en el medio rural».

Tal y como exponen desde Vox, anualmente la caza genera más de 6.500 millones de euros y 190.000 puestos de trabajo en toda España. En cuanto al caso concreto de Andalucía, 256.000 personas cuentan con licencia para cazar y «ayudan a conservar, mantener y proteger más del 80% del territorio».

Vox destaca los beneficios de la caza

En la misma línea, Gavira destaca que la actividad cinegética proporciona «un impacto muy positivo en la condición física, ya que es practicada al aire libre y en contacto con la naturaleza, lo que contribuye al bienestar físico y psíquico. Otro beneficio es que se practica de manera colectiva por personas de muy diferentes edades y niveles económico y social».

Cazador con su rifle.
Cazador durante una batida. © Ángel Vidal

«Este sector lleva años sufriendo la persecución y criminalización no solo por parte de ciertos partidos políticos, sino también por parte de la Unión Europea y los grupos animalistas. Es por ello que el sector de la caza requiere un apoyo normativo e institucional», añade.

Por esta razón ha planteado diversas propuestas que «ayudarían a incentivar la actividad cinegética, abandonada y olvidada por los diferentes gobiernos nacionales y regional».

Estas son las propuestas de Vox

En concreto, la PNL enuncia hasta 15 puntos que se basan en «apoyar decididamente a la caza». De la misma forma, pretenden instar al Gobierno nacional, desde el Parlamento andaluz, a que elabore una nueva legislación de caza que incluya las demandas de los cazadores y establezca una única licencia común en todo el país.

Lo que buscan con ella es que «evite que se creen desigualdades entre comunidades y que garantice que todos los ciudadanos españoles puedan ejercer esa actividad sin ningún tipo de trabas y con total libertad, independientemente del lugar de España en el que vivan».

Otro de sus propósitos es que el Consejo de Gobierno se adhiera a la licencia interautonómica de caza y pesca mientras que no se consiga una licencia nacional.

Es importante recordar que, en el año 2021, los diputados de Vox en el Congreso ya presentaron una PNL con el mismo fin de establecer una licencia interautonómica de caza para todos los territorios españoles.

El fomento de la caza en Andalucía, uno de los objetivos de Vox

Además de todo esto, Vox también ha solicitado al Gobierno de Juanma Moreno que facilite una bonificación del 100% de las tasas por la expedición de licencias de caza en Andalucía. También plantea una reducción de la burocracia para acceder a los permisos, que asegure la participación del sector cinegético en las conversaciones para la ejecución de la política agrícola común y un avance en el modelo de cesión del aprovechamiento cinegético de montes públicos.

Junto a ello, la formación quiere conseguir que promueva y difunda los valores sociales, culturales y económicos de la caza en la región, y que contribuya a la mejora de la imagen de la caza y a la promoción de sus beneficios. Asimismo, que reconozca y promocione, desde las instituciones, el impacto socioeconómico de la caza, especialmente en las zonas rurales, al igual que su contribución al equilibrio y mejora de la biodiversidad, y que impulse el consumo de los productos de la caza como fuente de alimentación segura, saludable y sostenible.

Por último, Vox también ha propuesto al Gobierno andaluz que «tome medidas contra quienes, sin desempeñar actividad legítima, por cualquier causa, impidieran, limitaran o perjudicaran, en cualquier forma, el desarrollo de una actividad cinegética autorizada en cualquiera de sus modalidades».