La comunidad veterinaria de toda España se prepara para salir a las calles de Madrid en defensa de su profesión y de la salud animal. La nueva Ley de Medicamentos Veterinarios, que entró en vigor el pasado 2 de enero de 2025, ha provocado un profundo malestar en el sector al imponer requisitos administrativos que complican la atención clínica, especialmente en casos de urgencia. La protesta, convocada por diversas asociaciones y colegios profesionales, tendrá lugar frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a partir de las 10:00 horas.
El 5 de marzo el colectivo veterinario se concentrará ante el Ministerio de Agricultura para exigir regulaciones justas en la ley de medicamentos veterinarios.
— Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (@COLVEMA) February 27, 2025
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Restricciones que comprometen la salud animal
Desde la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, los veterinarios deben comunicar cada prescripción de antimicrobianos al sistema Presvet, con un plazo máximo de 15 días, independientemente de la urgencia del caso. Esta medida busca controlar el uso de antibióticos para prevenir la resistencia bacteriana, pero su implantación ha generado graves problemas en la práctica diaria.
La complejidad del sistema y la falta de recursos informáticos adecuados dificultan el cumplimiento de la normativa, obligando a los profesionales a priorizar la burocracia sobre la atención inmediata a los animales.
Unidad en la protesta: cierre de clínicas y concentración en Madrid
La indignación ha llevado a los veterinarios a organizar huelgas y movilizaciones a lo largo del país. El 5 de marzo, las clínicas bajarán sus persianas para que los profesionales puedan sumarse a una nueva la protesta.
La concentración se llevará a cabo en el Paseo de la Infanta Isabel, número 1, frente al Ministerio de Agricultura, donde se leerá un manifiesto exigiendo modificaciones en la ley. Los manifestantes reclamarán un sistema más flexible que permita priorizar la atención veterinaria sin comprometer la seguridad sanitaria.
Sanciones desproporcionadas y reincidencia acumulativa
Otro punto crítico de la normativa es el régimen sancionador. En un principio, los errores o retrasos en las notificaciones se consideraban faltas muy graves, con multas de hasta 1.200.000 euros. Tras las primeras protestas, el Congreso de los Diputados modificó la ley para rebajar estas infracciones a leves, con sanciones que oscilan entre 600 y 3.000 euros.
Sin embargo, la introducción de un sistema de reincidencia ha intensificado el conflicto. Dos infracciones leves en dos años se convierten en una falta grave, y dos graves en ese mismo periodo pasan a ser muy graves. Esto significa que varios errores administrativos menores podrían acabar en multas millonarias, poniendo en peligro la viabilidad económica de las clínicas.
Un clamor por el cambio normativo
El pasado mes de febrero, los representantes de la profesión veterinaria se reunieron en la sede del Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria para definir una estrategia común. En el encuentro participaron sindicatos, asociaciones profesionales, la patronal, la Conferencia de Decanos y la Organización Colegial Veterinaria (OCV). Todos coincidieron en la necesidad de unir fuerzas para presionar a las administraciones y conseguir un cambio legislativo.
Las organizaciones presentes se emplazaron a participar en la protesta convocada para mañana en Madrid. Esta, se revela como el punto de inflexión en la lucha del colectivo, que seguirá movilizándose hasta que su voz sea escuchada y la ley garantice tanto la salud pública como la atención digna a los animales.
