La ciencia y el mundo rural se unieron este martes, 18 de octubre, en la oposición a la tramitación de la ley animalista promovida por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, al haber sido elaborada sin seguir criterios técnicos ni científicos y al no haber contado para su redacción con los sectores afectados.
En un desayuno informativo celebrado en Madrid y organizado por Fundación Artemisan, científicos, profesionales veterinarios, ingenieros de montes e ingenieros agrónomos han mostrado su oposición a la tramitación de un proyecto ideológico que tendrá nefastas consecuencias para millones de personas e incluso para los propios animales que pretende proteger.
Una de las intervenciones que más impacto causó fue la de uno de los miembros del Consejo General de Veterinarios de España, María Luisa Fernández, que insistió en que la participación de los veterinarios es imprescindible en la elaboración de la ley, por sus conocimientos técnicos y científicos y porque son el eslabón más cercano a la ciudadanía y a sus mascotas.
De hecho, recordó que la ley no recoge la gran mayoría de las alegaciones presentadas de manera consensuada desde los colegios profesionales y ha criticado la exclusión de los veterinarios de los órganos responsables de aplicar la nueva Ley, así como la indefensión en la que quedarán los veterinarios al haber eliminado el criterio técnico profesional en la toma de decisiones en cuestiones tan importantes como la eutanasia.
A la pregunta de por qué es importante que estén los veterinarios en esta ley, Fernández se respondió a sí misma: «Los clínicos de primeros animales que trabajamos con mascotas somos el primer escalón de la sociedad para llegar a este tipo de legislación. Al fin y al cabo, nosotros estamos viendo animales de compañía todos los días, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Esta ley no nos ha tenido en cuenta en la promoción que nosotros desearíamos», exponía.
«La ley no puede contener términos ambiguos»
A la pregunta de si es clara la normativa con sus definiciones, Fernández respondió negativamente: «Lo hemos dicho un montón de veces. No puede contener términos ambiguos. Necesitamos una ley clara. Es necesario revisar muchas definiciones, porque están a veces incluso en contra de muchas normativas existentes, como por ejemplo animal de compañía, animal urbano, animal silvestre…». Y va más allá: «Hay muchos términos, como eutanasia o maltrato, que no están bien claros en la normativa, y necesitamos esa claridad para poder hacer un trabajo serio».
En cuanto a la pregunta de si los veterinarios están presentes en la norma la veterinaria respondió: «No, y hay otros estamentos que sí lo están. Conseguimos entrar en el Consejo Estatal de Protección Animal, pero luego no aparece la figura del veterinario oficial, algo que es realmente importante».
¿Quién impartirá la formación?
Sobre la formación a la que hace referencia la ley animalista -como la que pretenden imponer a los propietarios de perros- Fernández señaló que es un tema que les gusta y les disgusta por partes iguales a los veterinarios. «Nos encanta que una ley haga especial hincapié en la formación, pero ¿quiénes van a ser los encargados de ofrecer esa formación?», se pregunta. «Entendemos que los veterinarios estamos bien formados, y además con un criterio técnico, a la hora de poder dar esa formación», sentenciaba.
Sobre si hay seguridad para los ciudadanos en cuanto a quién y cómo se va a implementar la formación, respondió tajantemente: «No, no la hay, porque no se define. Y si no se define, el ciudadano se puede encontrar en un estado de indecisión. Nos están exigiendo que formemos a un montón de gente: a funcionarios, a condenados por delitos de protección animal, a menores, a los gestores éticos de las colonias felinas, a sus cuidadores, a la Policía Local, a las Administraciones, a todas las actividades profesionales que tienen que ver con animales de compañía… pero no se define quién forma. Esto puede dar lugar a la indefensión de quién recibe la formación, algo que es especialmente grave», expuso Fernández.
Eutanasia y sacrificio de los animales de compañía
Y citó un punto especialmente «sangrante» -como así lo ha definido- para los veterinarios: el de eutanasia y sacrificio de los animales de compañía. «Los términos en la ley no están claros y no se centran en el criterio profesional. La ley prohíbe el sacrificio en centros de protección animal, clínicas veterinarias y núcleos zoológicos en general por cuestiones económicas, carentes de plazas, abandono de responsable legal, enfermedad o lesión…», citaba la veterinaria. Y exponía dos problemas: «La prohibición de no sacrificar animales enfermos nos lleva a una paradoja: si un propietario es incapaz económicamente de asumir el tratamiento de su animal de compañía, ¿vamos a dejar al animal sufrir durante el resto de su vida? ¿Eso no implica que está muy cerca del maltrato?», se preguntó finalmente.
