La Junta de Castilla y León tendrá que aprobar un nuevo decreto en tiempo récord para evitar que la caza se paralice en Castilla y León. De momento, según los expertos consultados, el corzo se podrá seguir cazando.
26/2/2019 | Redacción JyS
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado la petición del Partido Animalista PACMA y ha suspendido cautelarmente el decreto que hace diez meses aprobó la Junta para ajustar su anterior normativa sobre caza y control de fauna silvestre y adaptarlo a otra sentencia.
Según ha informado este martes 26 de febrero la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad el auto es de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL, con sede en Valladolid y suspende cautelarmente el decreto de 26 de abril de la Junta, que estableció las especies que pueden ser consideradas como cinegéticas.
El auto incide en la «falta de estudios actualizados y contrastados que argumenten que esas especies se pueden cazar y recuerda que se trata de la misma razón de anteriores sentencias contra la regulación de la caza en la Comunidad», indica EFE. El decreto de la Junta del 26 de abril da a la vez cobertura a la orden anual de caza, ya que a esta orden le corresponde determinar qué especies, de entre las consideradas como cinegéticas, pueden ser objeto de caza.
«Es difícil explicar a los agricultores que no va a haber control de la fauna salvaje»
Por su parte, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha subrayado que acata pero discrepa del auto porque «perjudica de una forma «gravísima» los intereses de la Comunidad. A juicio del consejero, «no solamente se perjudican los intereses económicos, sino también los medioambientales y de la seguridad de las personas».
«Nos deja en una situación de indefensión, aunque hay un voto particular muy bien fundamentado pero se ha impuesto la mayoría de la sala y eso, obviamente, lo tenemos que acatar», ha precisado este martes ante los periodistas. En opinión de Suárez-Quiñones «es difícil» explicar ahora a los agricultores que no va a haber ese modo de control de la fauna salvaje que es la caza.
Ha defendido que «es una decisión gravísima, pero reaccionaremos con los recursos que establece la ley y el estado de Derecho, ya que la actividad de la caza para Castilla y León tiene un gran interés económico y social, además de controlar el exceso de jabalíes o conejos, por ejemplo», ha concluido.
¿Y ahora qué va a pasar?
Jaime Valladolid, abogado especializado en el sector cinegético, ha declarado para Jara y Sedal que ahora la incógnita es «saber qué repercusiones va a tener este decreto desde el punto de vista de los efectos prácticos y si son idénticos a los que en su día tuvo la suspensión del anterior decreto».
La diferencia con aquel caso es que entonces, se establecían cuáles eran las especies cazables de carácter cinegético, pero «ocurre que ahora no hay un soporte normativo que especifique las especies que son cazables o no», dice. «Supongo que la fundamentación será la de siempre: que se observa que carece de informes científicos suficientes que avalen la necesidad o la procedencia del aprovechamiento cinegético de estas especies en cuestión». Es decir, no se suspende la caza, pero como no se especifica qué especies son cazables «habrá que aprobar un nuevo decreto que recoja ese soporte normativo e incorpore esos informes científicos que avalen la necesidad de cazar».
Desde el punto de vista normativo «este tema es subsanable, pero nos encontramos ante una cuestión bastante peliaguda y peligrosa: tiene que aprobarse una orden de vedas antes de agosto y esa orden tiene que estar sustentada en un decreto como el que se acaba de suspender».
El corzo se podrá cazar, según Jaime Valladolid
Según Valladolid, «esto no significa que se suspenda la caza, ya que el auto no es firme y contra éste cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días». Sobre la caza del corzo en estos meses «entiendo que no corre peligro porque la orden de vedas anterior no está suspendida, sino que está vigente», dice el abogado.
El hecho de que se suspenda «no significa que se vaya a declarar nula ese decreto, sino que es una medida cautelar en virtud del cual el TSJ analiza los intereses que están en juego». Y en éstos, el primer interés es el medioambiental, «especialmente por las consecuencias que puede originar en los campos que no se puedan cazar». Por otro lado, se encuentra «el daño que significaría que esas especies al ser cazables y al no estar justificada la necesidad de su caza puedan ver diezmadas sus poblaciones –especialmente de especies migratorias como la tórtola o la paloma torcaz-».
Habiendo valorado esos daños y perjuicios, el TSJ entiende «que debe prevalecer el daño que se pueda hacer a estas especies». Valladolid, como ha dicho en otras ocasiones, ha explicado que «lo que el PACMA tiene ganado en estos procedimientos es la apariencia de buen derecho: hay precedentes judiciales anteriores que en casos similares han conllevado la nulidad de decretos y de órdenes de veda. Eso le sirve al PACMA para conseguir la suspensión de la vigencia de este decreto».
Para solucionar esta situación, según Valladolid, «La Junta de Castilla y León tendrá que aprobar un nuevo decreto en tiempo récord para evitar que la caza se paralice en Castilla y León».
