La polémica por el avance de las plantas solares en zonas de alto valor ambiental vuelve a sacudir el interior de la Comunidad Valenciana. La Asociación Naturalista de Ayora y Valle (ANAV) ha denunciado ante la Guardia Civil la tala y trituración de más de treinta hectáreas de un encinar repoblado en el término municipal de Jalance, un espacio incluido dentro de la Red Natura 2000 y catalogado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
El paraje afectado, conocido como Campichuelo del Campo, alberga un bosque de encinas de unos 25 años de antigüedad que, según denuncia el colectivo ecologista, fue reforestado en el año 2000 con fondos europeos dentro del programa de reforestación de tierras agrícolas de la Unión Europea. Los árboles superaban ya los tres metros de altura y convivían con vegetación arbustiva asociada propia del ecosistema mediterráneo.
Desde ANAV consideran «incoherente» que una política vinculada a la llamada emergencia climática termine provocando la eliminación de masas forestales consolidadas para sustituirlas por un «mar de placas fotovoltaicas». La asociación sostiene que la actuación supone un grave impacto ambiental en una zona especialmente sensible por su riqueza ecológica y faunística.
Un cambio de criterio clave
La tala fue autorizada en noviembre del pasado año dentro de la tramitación del proyecto impulsado por la empresa Promonrg Solar Fotovoltaica I SL. Sin embargo, la autorización llegó después de un largo proceso administrativo marcado por informes contradictorios de la Dirección General de Medio Natural y Animal.
En un informe fechado el 30 de noviembre de 2023, este organismo advirtió de que la instalación prevista implicaría «la pérdida de un encinar ya instaurado» y solicitó expresamente excluir varias parcelas del proyecto por su elevado valor forestal y ambiental. En concreto, se trataba de las parcelas 13, 14 y 17 del polígono 4 de Jalance. Pese a ello, la promotora presentó alegaciones cuestionando ese criterio y defendiendo que el proyecto ya había recibido anteriormente valoraciones ambientales favorables. Durante meses se sucedieron escritos, reuniones técnicas y nuevos informes entre la administración autonómica y la empresa promotora.
Finalmente, en mayo de 2025, la Dirección General modificó su postura inicial y declaró compatible la ocupación de esas parcelas, permitiendo que la actuación siguiera adelante. Según denuncia ANAV, precisamente esas zonas son ahora las que están siendo taladas.
Críticas por la época elegida para la tala
La asociación ecologista ha cargado también contra el momento elegido para ejecutar los trabajos. Según denuncian, las labores de tala y trituración del bosque se están desarrollando en plena época de nidificación de aves y reproducción de numerosas especies silvestres. «Nada de esto parece preocupar ni a los promotores, ni a las autoridades medioambientales que debieran velar por impedir agresiones de esta envergadura», lamentan desde el colectivo.
ANAV lleva tiempo alertando del impacto acumulativo de los numerosos proyectos de energías renovables previstos en el Valle de Ayora y municipios próximos como Cofrentes. La asociación considera que se está produciendo un «saqueo y destrucción del patrimonio natural» de la comarca y advierte de que la implantación masiva de estas infraestructuras está afectando a hábitats forestales y espacios de gran valor ecológico.
