La asociación Olescan, que gestiona diversas protectoras en las provincias de Tarragona y Barcelona, ha sido denunciada por el Seprona por un supuesto caso de maltrato animal. Algunos de sus miembros se enfrentan a demandas por intrusismo profesional.
15/12/2016 | Redacción JyS
Según publica el diario El País, la investigación comenzó el pasado verano, cuando la Guardia Civil tramitó una denuncia por parte de voluntarios de la protectora gestionada por Olescan en Torredembarra (Tarragona). Según estos, la asociación que decía ser sin ánimo de lucro, recibía entre 90 y 180 euros por cada animal recogido. Este dinero era otorgado por las comarcas del Alt Camp y del Baix Camp, además de otros municipios del Anoia y Baix Llobregat i Vallès.
A pesar de las ayudas económicas que recibía la asociación, los voluntarios denunciaron que los cuidados que se les daban a los animales eran precarios y que se encontraban hacinados dado el alto número de los que allí se encontraban.
Ante estas declaraciones, la Guardia Civil junto a la Fiscalía de Medio Ambiente de Tarragona decidió realizar inspecciones en los centros que gestionaba Olescan para revisar el estado de las instalaciones y de los canes.
Los descubrimientos que realizaron los servicios del Seprona fueron sobrecogedores. Tal y como publica el citado diario, los agentes pudieron observar cómo en varias de las protectoras investigadas había cadáveres acumulados en congeladores, medicamentos caducados y además entre el personal no había un veterinario cualificado, por lo que los medicamentos y vacunas eran suministrados a los perros por personas sin preparación alguna. La colocación de chips tampoco la realizaba personal cualificado.
Animales hacinados y sin documentación reglamentaria
Por otro lado, la Guardia Civil denunció la alta cantidad de animales que recibía la protectora de Torredembarra sin darles los cuidados adecuados, así como la falta de documentación necesaria para mantener en funcionamiento la protectora. En otras protectoras gestionadas por Olescan los agentes constataron la falta del registro de núcleo zoológico.
Aunque la asociación sigue activa según publica El País, al presidente y a un vocal de la asociación se les han imputado delitos de maltrato animal, intrusismo profesional y falsificación de documentos.
No es el primer caso
Este caso se une al de otra protectora, que en este año fue clausurada por la Guardia Civil en Torremolinos (Málaga). En esta, la presidenta y un trabajador sacrificaban perros totalmente sanos con un método extremadamente cruel y doloroso para los animales, ya que les suministraban una cantidad de anestésico mínima. Además, según las denuncias ambos responsables subían la música de las instalaciones para que nadie oyera los quejidos de los canes agonizando. La Fiscalía solicitó entonces cuatro años de cárcel para la presidenta.