La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la legalidad de la Orden por la que el Gobierno de Cantabria aprobó el Plan de Gestión del Lobo en el año 2019, con el objetivo de controlar sus poblaciones y evitar los graves daños a la ganadería.
En providencia de fecha de 11 de mayo de 2023, ha inadmitido el recurso interpuesto por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), condenando además al pago de las costas procesales a la asociación.
El Supremo confirma la sentencia de 2022
Con esta inadmisión, el Supremo confirma la sentencia dictada el pasado 8 de febrero de 2022 por la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que ya avalaba la legalidad del plan, al desestimar el recurso interpuesto en su día por ASCEL contra la orden por la que se aprobaba el indicado plan.
Cabe recordar que tanto Fundación Artemisan como la Federación Cántabra de Caza se personaron en este recurso, en apoyo al Gobierno de Cantabria, al entender, como así se ha confirmado, que la orden que aprobaba el plan de gestión del lobo era ajustada a derecho.
Fundación Artemisan y la Federación Cántabra de Caza muestran su satisfacción porque el Tribunal Supremo haya vuelto a dar la razón al Gobierno de Cantabria, a la Fundación Artemisan y a la Federación Cántabra de Caza confirmando la legalidad del Plan.
Además, han destacado que, a pesar de que no tenga efectos en la situación actual de la especie, al incluirse el lobo en el Catálogo de Especies Protegidas y quedar prohibido su control, salvo las excepciones legalmente previstas, esta sentencia pone encima de la mesa, una vez más, el reiterado e injustificado acoso por parte de determinadas asociaciones a las administraciones, con el único fin de acabar con la caza y perjudicar al mundo rural.
