Durante una inspección rutinaria, dos agentes del Seprona se topan con varias jaulas trampa colocadas en un cercado. En un primer momento, no saben quién es el responsable, pero poco después logran contactar con el propietario del terreno, que se presenta allí para hablar con ellos. Lo que comienza como una inspección rutinaria termina destapando una práctica que podría ser sancionable.
Nada más llegar, el propietario intenta restar importancia al hallazgo. Afirma que las trampas «no están activas», que están rotas o «no sirven». Sin embargo, los agentes deciden comprobarlo y, tras una revisión rápida, constatan que las jaulas funcionan perfectamente. El mecanismo de cierre se activa al menor contacto y queda claro que están operativas.
Una práctica aparentemente menor con consecuencias mayores
Cuando los agentes preguntan para qué utiliza las jaulas, el hombre responde que son «para conejos o ratas», pero su tono vacilante no termina de convencer. Ante la insistencia de los guardias civiles, termina reconociendo que se usan para capturar liebres vivas, un tipo de captura que requiere autorización expresa y que está regulada por normativa autonómica y estatal.
Los agentes sospechan, además, que las liebres se están usando para carreras con galgos portando bozal, una práctica en la que los animales no pueden ser abatidos por los perros, pero que genera beneficios económicos a quienes capturan y suministran estos ejemplares. El propietario acaba admitiéndolo sin rodeos.
El papel del Seprona ante estas situaciones
Una vez confirmada la intención y sin que el implicado pueda mostrar ningún tipo de permiso, los agentes informan al hombre de que tomarán sus datos personales para proponerle para sanción, si así procede, en virtud de lo recogido en la normativa vigente.
La escena, recogida en vídeo y compartida en redes sociales a través del programa Seprona en Acción, ha generado un notable impacto. En plataformas como Facebook, las imágenes han provocado un intenso debate sobre la legalidad de estas capturas y el papel de las autoridades en su control. Muchos usuarios han aplaudido la labor del Seprona y su firmeza ante este tipo de infracciones encubiertas.
Este caso pone de relieve cómo el uso de trampas en el medio rural, incluso en propiedades privadas, no escapa a la ley. Y cómo la colaboración ciudadana, unida a la vigilancia constante de los agentes del Seprona, es esencial para detectar prácticas que, aunque parecen menores, pueden tener un impacto notable en la fauna silvestre.
