En Segovia, los agentes del Seprona de la Guardia Civil de la provincia están investigando a una persona por un presunto delito de maltrato animal relacionado con el corte de orejas y el rabo a unos perros de su propiedad.
Estas actuaciones forman parte de la operación denominada como ‘Sanus Aures’ y así lo han informado desde fuentes del propio Instituto armado a la agencia Europa Press.
Durante los meses de noviembre y de diciembre, los agentes localizaron en un municipio de la provincia una caseta en la que albergaban perros de una raza habitual en las actividades de caza. Sin entrar en ella, pudieron observar comportamientos anómalos de dos personas que estaban manipulando a uno de los canes.
Siete cachorros con orejas y rabos cortados
Fueron los chillidos de este animal los que alertaron a los agentes, quienes inspeccionaron el interior de dicho inmueble y localizaron a siete cachorros, de corta edad, con sangrados recientes, a los que les habían seccionado parte de las orejas y los rabos.
Después de llevar a cabo estas gestiones y el apoyo pericial por parte de los Servicios Veterinarios Oficiales de la Junta de Castilla y León de Segovia, determinaron que las mutilaciones se habían realizado sin la correspondiente prescripción facultativa y por personas no cualificadas para efectuar tal intervención quirúrgica.
Tras esto, los agentes identificaron al autor de los hechos y propietario de los cachorros, a quien se le atribuyó la presunta autoría de un delito de maltrato animal, según ha informado la Guardia Civil.
Una operación de obligada justificación y acreditación
Las intervenciones quirúrgicas tienen que llevarlas a cabo un personal facultativo veterinario que previamente determine las causas para realizarlas y el posterior tratamiento para restablecer la salud del animal. Incumplir esta normativa nacional podría conllevar responsabilidades penales y/o administrativas.
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En este sentido, la ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece la prohibición de practicar a los animales todo tipo de mutilación o modificaciones corporales permanentes, sin que pueda servir de justificación una razón funcional o estética.
Cuando se realice por parte de personal autorizado, esta deberá ser acreditada con informe de un profesional veterinario colegiado o perteneciente a alguna administración pública. Sin embargo, fuera de esta prohibición quedan los sistemas de identificación con marcaje en la oreja de gatos comunitarios y las precisas por necesidad terapéutica.
