SEO/BirdLife ha vuelto a pedir a la Administración canaria que actúe ante la presencia de gatos en La Graciosa, donde en julio de 2024 fueron liberados al menos un centenar de ejemplares dentro del Parque Natural del Archipiélago Chinijo y otros espacios de la Red Natura 2000. La organización sostiene que aquella actuación se realizó sin evaluación ambiental ni autorización del órgano gestor.
En una publicación difundida el pasado 9 de julio, la entidad conservacionista reclama información sobre una denuncia presentada en 2025 que, según asegura, continúa sin respuesta. También solicita medidas cautelares para frenar los daños sobre la fauna, entre ellas la retirada y reubicación de los gatos que permanecen en este valioso enclave natural canario.
La petición vuelve a poner sobre la mesa las consecuencias de un modelo de gestión de colonias felinas que quedó consolidado con la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Una norma que convirtió el método CER —captura, esterilización y retorno— en el eje del control de los gatos comunitarios, pese a las advertencias científicas sobre su impacto en la biodiversidad.
Un estudio cuestiona el sistema que impuso la ley
Para respaldar su reclamación, SEO/BirdLife ha incorporado al expediente un reciente estudio elaborado por investigadores del CSIC y la Universidad de La Laguna. El trabajo analiza el efecto de las colonias felinas sobre la fauna endémica de Canarias y concluye que en las zonas próximas a estos puntos de concentración hay menos lagartos y los ejemplares supervivientes presentan un tamaño menor.
Los gatos cazan preferentemente a los individuos de mayor tamaño, lo que no solo reduce el número de animales, sino que puede debilitar al conjunto de la población. Estos reptiles desempeñan además un papel esencial en los ecosistemas insulares como presas de distintas aves y como dispersores de semillas.
La investigación aporta otros dos datos especialmente relevantes: alimentar a los gatos no evita que continúen cazando fauna silvestre y el sistema CER no consigue reducir de manera eficaz su número a largo plazo. Las colonias mantienen así una presión constante sobre reptiles, aves y pequeños mamíferos, aunque los animales estén esterilizados y reciban comida.
«La evidencia científica es clara: las colonias de gatos, incluso gestionadas, suponen un impacto significativo sobre la biodiversidad. En espacios protegidos como La Graciosa, la inacción administrativa agrava el riesgo para especies únicas», afirma ahora SEO/BirdLife en su comunicado.
Una Ley Animalista que protege la permanencia de los gatos
La Ley Animalista dedica un capítulo completo a las colonias felinas. La norma obliga a los ayuntamientos a mantener programas de gestión, identificar y esterilizar a los gatos comunitarios y garantizar su alimentación, atención veterinaria y refugio. También prohíbe, con carácter general, retirar los ejemplares de sus colonias.
No obstante, contempla excepciones cuando los gatos causen daños en espacios naturales protegidos, en terrenos de la Red Natura 2000 o sobre fauna protegida. Precisamente a estas excepciones se acoge ahora SEO/BirdLife para exigir que los animales sean retirados de La Graciosa y reubicados bajo supervisión veterinaria.
La paradoja es evidente: la propia ley reconoce que los gatos pueden causar un impacto negativo sobre la biodiversidad, pero al mismo tiempo mantiene en las calles un modelo basado en alimentarlos, esterilizarlos y devolverlos al mismo lugar. Es precisamente este sistema el que la nueva evidencia científica señala como incapaz de reducir eficazmente las poblaciones felinas.
Al menos 126 gatos liberados en un espacio protegido
La campaña desarrollada entre el 25 y el 28 de julio de 2024 supuso, según la denuncia presentada por la organización, la liberación de al menos 126 gatos en el Parque Natural del Archipiélago Chinijo. La actuación habría sido financiada por la Consejería de Bienestar Animal del Cabildo de Lanzarote y ejecutada sin la preceptiva evaluación de impacto ambiental.
La Graciosa está incluida en la Red Natura 2000, es Zona de Especial Protección para las Aves y Zona Especial de Conservación. Alberga además aves marinas particularmente sensibles a la presencia de depredadores introducidos, como petreles, pardelas y paíños.
SEO/BirdLife solicita conocer si se han abierto investigaciones o expedientes sancionadores y exige que se adopten medidas inmediatas. Mientras la Administración responde, los gatos continúan en un espacio protegido y la evidencia científica vuelve a demostrar que esterilizarlos y alimentarlos no impide que sigan cazando ni garantiza que sus poblaciones disminuyan.
Un silencio estratégico ante una ley polémica
La Ley Animalista fue recibida con duras críticas desde diversos sectores científicos, que advirtieron de sus riesgos sobre la biodiversidad. A pesar de ello, organizaciones como SEO/BirdLife o WWF España, que suelen mostrarse muy activas en debates medioambientales, evitaron pronunciarse en su momento. Ni siquiera el día de la votación emitieron declaraciones al respecto.
Llamó especialmente la atención que ese mismo día, mientras se aprobaba en el Congreso esta normativa, SEO/BirdLife optaba por centrar su atención en redes sociales en un proyecto cinematográfico que, según afirmaban, ponía en riesgo aves como el alimoche o la hubara. Su silencio ante la nueva ley contrastaba con la habitual contundencia que emplean frente a otras actividades legales, como la caza sostenible de especies como la tórtola o la codorniz.
