El campo de Juan Manuel Romero, situado en Lebrija (Sevilla), está lleno de cebollas listas para salir de la tierra. Sin embargo, en lugar de contratar cuadrillas para recogerlas y enviarlas al mercado, este agricultor ha decidido abrir las puertas de la finca y permitir que cualquier vecino se lleve gratuitamente las que necesite. Venderlas, asegura, le supondría perder todavía más dinero.
En total, son más de 200 toneladas de cebollas cultivadas en una parcela de 3,25 hectáreas del Sector B12 del municipio sevillano. Cuando llegó el momento de la recolección, la mejor oferta que recibió Romero fue de apenas 13 céntimos por kilogramo, una cantidad que no cubre los gastos necesarios para sacar el producto del campo y comercializarlo.
El agricultor llegó a plantearse arar la parcela y enterrar toda la producción. Finalmente, optó por lanzar un llamamiento a través de las redes sociales «para que la aprovechase quien le hiciera falta». Desde entonces, vecinos de Lebrija y de localidades cercanas están acudiendo a recoger cebollas, según la información difundida por EFE.
Recogerlas cuesta más que venderlas
El problema no se encuentra únicamente en el precio ofrecido por la cosecha. La cebolla exige una cantidad considerable de mano de obra para ser recogida y preparada antes de llegar al mercado. Según ha explicado Diego Bellido, responsable de Productos Transformados de COAG Andalucía, para recolectar una hectárea hacen falta alrededor de 25 trabajadores durante varios días.
Con una finca de 3,25 hectáreas, afrontar esos jornales resulta inviable si el agricultor solo recibe 13 céntimos por cada kilo. Al coste de la mano de obra se añaden los gastos acumulados durante meses: preparación del terreno, semilla, fertilizantes, tratamientos, riego, combustible y maquinaria.
La diferencia con el precio final resulta especialmente llamativa. Bellido señala que estas mismas cebollas pueden encontrarse en las tiendas por alrededor de 60 céntimos el kilo, casi cinco veces más que lo ofrecido al productor. COAG sostiene que el margen generado durante el recorrido del alimento hasta el consumidor no termina repercutiendo en quien lo cultiva.
La campaña, además, se ha visto afectada por el tren de borrascas registrado durante una fase importante del cultivo. Estas complicaciones elevaron las dificultades y los costes soportados por unas explotaciones que ahora se encuentran con precios en origen insuficientes.
Un caso que reabre el debate sobre la Ley de la Cadena
La decisión de Romero ha vuelto a poner el foco sobre la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria. La normativa establece que el precio percibido por un productor primario debe ser superior al coste efectivo de producción, incluyendo partidas como semillas, fertilizantes, energía, maquinaria y mano de obra. Así lo recoge la Agencia de Información y Control Alimentarios.
Tras conocerse este caso, las principales organizaciones agrarias han reclamado mayores controles y el cumplimiento efectivo de la ley. COAG, Asaja y Unión de Uniones advierten de que esta campaña también se están registrando precios insuficientes en productos como la patata, el tomate de verano, los cereales o el arroz.
Mientras continúa el debate, Juan Manuel Romero solo ha impuesto una condición a quienes entren en su finca: deben dejar el terreno limpio y no abandonar bolsas ni otros residuos. Su decisión evitará que buena parte de la cosecha termine enterrada, pero también deja una imagen difícil de explicar: resulta más rentable regalar 200 toneladas de alimento que recogerlas para venderlas.
