Seis terneros muertos en apenas un mes. Es el balance que arrastra una pequeña explotación de Molinos de Duero (Soria), un pueblo serrano asomado al pantano de la Cuerda del Pozo, después de que el lobo haya golpeado la ganadería local con una frecuencia que no se recordaba. El caso, denunciado por la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), ha reabierto el pulso entre el sector ganadero y la Junta de Castilla y León por la gestión de los daños del lobo y por el ritmo, o la falta de él, con que se resuelven las indemnizaciones.
El afectado es José Manuel Cornejo, titular de una explotación de 30 vacas que, según denuncia la organización agraria, ha sufrido seis ataques de lobo en un solo mes, sin que hasta ahora hubiera registrado incidentes de esta gravedad en años de actividad. Cornejo resume su malestar con una frase que ya circula entre los ganaderos de la comarca: «Queremos tener lobos por todos los sitios y que los mantengan los ganaderos». El ganadero sostiene que la Junta acude a inspeccionar los animales atacados, pero que después no llega una respuesta a la altura del problema.
Un pueblo con pantano, playa y lobos de fondo
Los ataques se han concentrado en las inmediaciones del pantano de la Cuerda del Pozo y de la Playa de Pita, en el término de Molinos de Duero (Soria), un entorno de gran afluencia turística en verano por sus playas de interior y sus rutas de senderismo. UCCL sostiene que las autoridades conocen la presencia reiterada de camadas de lobo en esta zona, lo que sitúa el conflicto justo en el cruce entre el reclamo turístico del paraje y la actividad ganadera que sigue sosteniendo el territorio durante todo el año.
La coincidencia entre un espacio natural muy visitado y una zona de cría de lobo no es nueva en la provincia. En noviembre de 2025, un lobo fue grabado de noche paseando por las calles de Duruelo de la Sierra, un municipio soriano cercano, en un episodio que entonces ya coincidía con el aumento de ataques al ganado en la provincia. Más al norte, en Palencia, también se difundió el vídeo de una manada de siete ejemplares cruzando una finca a plena luz del día. Ninguna de esas grabaciones certifica por sí sola la autoría de un ataque concreto, pero sí retratan el contexto de una especie cada vez más visible en el día a día rural de Castilla y León.
La denuncia de UCCL: informes que se retrasan y se califican de «indeterminados»
UCCL presenta el caso de Molinos de Duero como ejemplo de lo que la organización define como abandono institucional del sector. La entidad denuncia que, pese a los avisos y partes tramitados por el ganadero, los informes técnicos de la Guardería Medioambiental acumulan retrasos injustificados o se resuelven con calificaciones de «indeterminado» sobre el origen del daño. A juicio de UCCL, esa práctica permite a la Junta de Castilla y León eludir su responsabilidad presupuestaria en lugar de abonar los daños reales que sufren las explotaciones.
La organización sitúa el debate en una pregunta directa: quién debe pagar la convivencia con una especie protegida. UCCL sostiene que la gestión y protección del lobo corresponde a la Administración y que, por tanto, debe asumir íntegramente el coste de los daños que provoca sobre el ganado, sin trasladar esa carga económica, personal y laboral a los ganaderos. La entidad recuerda además que las explotaciones cumplen con impuestos, arrendamientos de pastos y obligaciones sanitarias y normativas, y considera inasumible que se mantenga una población de lobos a costa de la ruina de los productores locales.
Pago ágil, menos burocracia y control de la población: las tres demandas de UCCL
Las peticiones concretas de la organización agraria se resumen en tres bloques. Primero, reclama el abono directo, ágil y actualizado de los daños materiales y del lucro cesante, es decir, de los ingresos que el ganadero deja de percibir por la pérdida de los animales, sin trabas burocráticas ni calificaciones ambiguas que, según UCCL, buscan denegar las ayudas. Segundo, exige que la Guardería Medioambiental y los servicios técnicos emitan sus informes en tiempo y forma, reflejando con veracidad lo observado en el campo.
Tercero, pide un control poblacional real y transparente del lobo en las zonas donde la presión sobre el ganado hace inviable la continuidad de las familias rurales, considerando que el pago posterior de los animales perdidos no basta si no se actúa también sobre el origen recurrente de los daños.
Un problema que crece en toda la comunidad
El episodio de Molinos de Duero no es un caso aislado. Según los datos de la propia Junta de Castilla y León, la comunidad registró 4.474 ataques de lobo a explotaciones ganaderas en 2025, con 6.294 cabezas de ganado muertas y otras 585 heridas, frente a los 3.973 ataques y 5.985 animales muertos de 2024, y muy por encima de los 2.694 episodios contabilizados en 2021. En paralelo, el informe sexenal del lobo correspondiente al periodo 2019-2024, aprobado por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, certifica un estado de conservación favorable de la especie en España, un dato que para buena parte del sector ganadero choca de frente con el aumento sostenido de los ataques sobre el terreno.
La tensión no se limita a Soria. En las mismas fechas, ASAJA Ávila ha denunciado cerca de una docena de ataques de lobo en apenas una semana en la Sierra de Gredos y San Bartolomé de Pinares, con pérdidas que la organización cifra muy por encima del valor de los animales muertos si se suman heridos, desaparecidos, gastos veterinarios y horas de trabajo. UCCL, por su parte, ya había advertido meses atrás de que Castilla y León se sitúa entre las comunidades más castigadas por el lobo, con más de 3.900 cabezas muertas en 2024, y había reclamado entonces que se mantuvieran los fondos estatales de prevención y compensación.
Como antecedente institucional, en septiembre de 2026 el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, reconoció que la Consejería había heredado cerca de un año de indemnizaciones pendientes de pago y se comprometió a actualizar los baremos a precios de mercado, incluir el lucro cesante y simplificar el procedimiento para que los pagos lleguen en menos de 30 días antes de que acabe el año. Ese compromiso, formulado hace un mes, es precisamente lo que UCCL pone ahora en duda a la vista de lo ocurrido en Molinos de Duero.
El coste de la convivencia en el medio rural
El conflicto enfrenta dos obligaciones que, sobre el papel, deberían ser compatibles: la conservación de una especie protegida y la viabilidad de la ganadería extensiva que, durante décadas, ha gestionado ese mismo territorio. Para UCCL, esa convivencia deja de sostenerse cuando el ganadero pierde animales, asume el trabajo añadido de reforzar el vallado o vigilar el rebaño de noche y, encima, encuentra demoras o dudas administrativas a la hora de cobrar una compensación a la que tiene derecho.
El caso de Molinos de Duero queda ahora pendiente de la resolución definitiva de los expedientes abiertos por los seis ataques y de la respuesta que dé la Junta de Castilla y León a las críticas de UCCL. Mientras tanto, la organización agraria insiste en que los informes se resuelvan sin demora, que las pérdidas se compensen de forma íntegra y que la Administración actúe también sobre la población de lobo en las zonas donde la presión sobre las explotaciones se ha vuelto recurrente, antes de que, advierte, el abandono de la actividad ganadera termine golpeando también a la despoblación de estos pueblos sorianos.
