El nuevo estudio sobre el impacto económico, social y medioambiental de la caza en España ha confirmado el fuerte compromiso del sector cinegético con la conservación de la naturaleza. Según los datos recogidos, la inversión privada procedente de cazadores, gestores y titulares de cotos ascendió en 2023 a 288,7 millones de euros, lo que convierte al sector en el segundo mayor inversor en esta materia, solo por detrás de la Administración pública.
43 millones de hectáreas gestionadas gracias a la caza
El 85 % del territorio español —lo que equivale a 43 millones de hectáreas— se encuentra declarado como coto de caza y se mantiene gracias a los fondos privados del sector. Esta superficie constituye la principal red de conservación ambiental del país, sustentada en su mayoría por titulares de cotos y organizadores de cacerías. La inversión en medidas de gestión incluye desde la gestión de puntos de agua y la aportación de comida hasta actividades forestales, reforestación, señalización o apertura de caminos.
La distribución de la inversión medioambiental realizada por el sector cinegético en 2023 pone de manifiesto el esfuerzo concreto y diversificado que realizan los titulares de cotos y los orgánicos. Entre ambos, destinaron un total de 288,7 millones de euros a diferentes acciones con impacto directo en la conservación del entorno.
Los titulares de cotos de caza, responsables del grueso de la inversión, aportaron 216,1 millones de euros. Sus principales partidas se centraron en aportaciones de comida para la fauna silvestre, con un gasto de 74,9 millones de euros, seguidas de infraestructuras como caminos, cortafuegos, torretas o muladares, con 43,4 millones, y gestión de puntos de agua, con 17,8 millones. Además, invirtieron más de 72,4 millones de euros en actividades forestales como podas o reforestaciones y 7,4 millones más en señalización de cotos.
Por su parte, los organizadores de cacerías invirtieron 72,6 millones de euros. La mayor parte, 29,2 millones, se destinó a alimentación, seguidos de 16,6 millones para infraestructura de caminos y torretas, 9,2 millones en puntos de agua, y casi 3 millones en señalización. Esta inversión refleja el papel clave del sector en la protección activa del medio natural, más allá de su dimensión económica.
Además, se estima que el 20 % de los más de 1.300 millones de euros invertidos en protección de biodiversidad en España durante el mismo año provino del sector cinegético.
Programas de conservación de especies amenazadas
La conservación de especies emblemáticas también figura entre las prioridades del sector. Según los datos presentados, el 58,3 % de los titulares de cotos y el 66,7 % de los organizadores de caza declaran contar con especies protegidas en sus terrenos. Asimismo, un 18,8 % y un 35,8 % respectivamente participan activamente en programas de conservación de estas especies, reflejando un compromiso real y sostenido con la fauna silvestre.
A esto hay que añadir los más de 31 millones de euros adicionales que invierten federaciones y asociaciones de caza en programas específicos de protección de especies amenazadas y restauración de hábitats.
Una actividad clave en el equilibrio ecológico
Además de la inversión directa, el informe pone en valor el papel esencial de la caza en la gestión del equilibrio ecológico. La actividad cinegética ayuda a controlar poblaciones de especies que pueden provocar desequilibrios o daños agrícolas y facilita la prevención de enfermedades zoonóticas. Este aspecto adquiere especial relevancia en un contexto de creciente presión sobre los ecosistemas naturales y el mundo rural.
El estudio, elaborado por la Fundación Artemisan en colaboración con la consultora especializada Deloitte y las principales federaciones autonómicas, pone cifras a una realidad frecuentemente ignorada: la caza no solo genera impacto económico y empleo, sino que desempeña un rol fundamental en la sostenibilidad ambiental de España.
