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El Gobierno usa un decreto de mascotas para imponer nuevas cargas a los perros de caza a pesar de estar excluidos de la ley animalista

La asociación de rehalas acusa al Gobierno de usar la Ley de Sanidad Animal para regular a los perros de caza pese a su exclusión de la norma de bienestar animal

El Gobierno ha aprobado un nuevo sistema de identificación de mascotas que, sin tocar una coma de la Ley de Bienestar Animal, termina alcanzando de lleno a los perros de caza y de rehala. La Asociación de Rehalas Regionales Españolas Caza y Libertad (ARRECAL) ha denunciado este 20 de noviembre en Madrid que el Real Decreto 986/2026, publicado el 13 de noviembre en el BOE, incluye a estos animales en su ámbito de aplicación apoyándose en la Ley de Sanidad Animal, pese a que las Cortes Generales los excluyeron de forma expresa de la Ley 7/2023 de bienestar animal. La entidad considera que se trata de un nuevo embate contra el sector cinegético y ya estudia llevar la norma ante el Tribunal Supremo.

El conflicto no nace del microchip en sí, una práctica que los rehaleros llevan años aplicando sin discusión. Nace de la letra pequeña: el régimen sancionador que acompaña a la nueva norma, la posibilidad de que un error de registro convierta a un perro de rehala en una mascota urbana a efectos legales, y unos formularios que preguntan por cuestiones —como el curso de tenencia responsable— que, según ARRECAL, no deberían aplicarse a estos animales.

Qué cambia realmente con el Real Decreto 986/2026

El real decreto desarrolla el artículo 51 de la Ley 7/2023 y el artículo 39 de la Ley 8/2003 de Sanidad Animal para construir, por primera vez, un sistema único de identificación de animales de compañía en toda España, con un registro central que conecta los registros autonómicos. El propio preámbulo de la norma, consultado en el Boletín Oficial del Estado, reconoce que los perros de caza de rehalas y animales auxiliares de caza están excluidos de la obligación de identificación que impone la Ley de Bienestar Animal, aplicándoseles «únicamente la normativa autonómica correspondiente». Sin embargo, el mismo texto da un giro: como la Ley de Sanidad Animal «no excluye a ninguna categoría de animales de compañía», el Gobierno decide que todos los animales considerados de compañía por cualquiera de las dos leyes —también los perros de caza— se identifiquen mediante este sistema único. Es la pieza jurídica que ARRECAL rechaza, porque convierte en papel mojado una exclusión que costó meses de negociación parlamentaria.

El decreto entra en vigor el 2 de enero de 2027, según confirma la disposición final tercera del propio texto publicado en el BOE. Los animales que ya llevan microchip no tendrán que cambiarlo, salvo que el dispositivo deje de ser legible, tal y como recoge la disposición transitoria única de la norma.

La respuesta de ARRECAL y la vía del Tribunal Supremo

«El Parlamento excluyó a los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal. Ahora el Gobierno utiliza un real decreto para imponernos nuevas obligaciones, pese a esa exclusión. Lo que no consiguió en las Cortes Generales pretende conseguirlo por la puerta de atrás. Es inaceptable y vamos a combatirlo», ha declarado Felipe Vegue, presidente de ARRECAL. La asociación ha encargado a sus servicios jurídicos un análisis completo de la norma y estudia impugnarla ante el Tribunal Supremo. Su reproche no se queda en el contenido del decreto: cuestiona también que una norma que se justifica por «motivos de sanidad animal» haya sido tramitada a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 —el mismo departamento que impulsó la Ley de Bienestar Animal— y no del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al que corresponde esta materia por competencia.

Este pulso llega después de que, a comienzos de año, ARRECAL ya advirtiera de un riesgo similar en otro frente normativo. Como contó Jara y Sedal en su momento, el Ministerio de Derechos Sociales se comprometió ante entidades animalistas a incluir a los perros de caza en el futuro Real Decreto de Núcleos Zoológicos, lo que llevó a la asociación rehalera a alertar del riesgo de cierres injustos de rehalas. El patrón se repite: criterios pensados para mascotas urbanas que terminan aplicándose, por una vía u otra, a animales de trabajo cinegético.

Multas de hasta 60.000 euros por infracciones graves

El régimen sancionador que preocupa a ARRECAL es el de la Ley 8/2003 de Sanidad Animal, que distingue tres niveles de infracción. Las leves se castigan con apercibimiento o multa de 600 a 3.000 euros; las graves, con multas de entre 3.001 y 60.000 euros; y las muy graves pueden llegar hasta 1.200.000 euros, según el texto consolidado de la propia ley. Es decir, el techo de 60.000 euros que cita ARRECAL corresponde al tramo superior de las infracciones calificadas como graves, no a una sanción fija, y la cuantía final depende de cómo se califique cada incumplimiento dentro de esa escala. El problema, según el departamento jurídico de la asociación, es que ese régimen sancionador fue diseñado para explotaciones ganaderas y situaciones de riesgo epidemiológico, no para la gestión diaria de una rehala. Aplicarlo sin matices a los perros de caza, sostiene ARRECAL, traslada a los rehaleros un nivel de exigencia que no corresponde a la naturaleza de su actividad.

Tres puertas que preocupan a rehaleros y veterinarios

Más allá del importe de las multas, ARRECAL identifica tres riesgos concretos. El primero es precisamente la aplicación de ese régimen sancionador pensado para explotaciones ganaderas a los titulares de rehalas. El segundo es la posibilidad de que un simple error al dar de alta a un perro en el registro lo haga aparecer como mascota convencional, lo que abriría la puerta a que se le exijan obligaciones de la Ley de Bienestar Animal de las que, legalmente, sigue excluido. El tercero tiene que ver con los propios formularios de registro, que solicitan datos sobre el curso de tenencia responsable o la revisión veterinaria anual, generando dudas sobre si esos requisitos alcanzan también a los animales de caza. Esta incertidumbre no afecta solo a los propietarios. También golpea de lleno a los veterinarios identificadores, que son quienes deben decidir, formulario en mano, qué información registrar sobre un perro de rehala cuando el propio sistema no distingue con claridad su estatus legal. Fuentes del sector veterinario consultadas en el análisis de la normativa confirman que la implantación del microchip queda reservada al veterinario colegiado, que debe verificar el código electrónico antes y después de la implantación e inscribir los datos en el registro autonómico correspondiente, un trámite que se complica si el formulario no aclara qué casillas corresponden a un animal auxiliar de caza.

Plazos para adaptarse: de 2027 a 2029

ARRECAL pide tranquilidad porque la aplicación no será inmediata. Tras la entrada en vigor del decreto el 2 de enero de 2027, las comunidades autónomas dispondrán de doce meses para adaptar sus registros a la nueva estructura de información recogida en el anexo del real decreto. Agotado ese plazo, los titulares de los animales tendrán otros doce meses para actualizar sus datos, lo que, en el peor de los escenarios, podría retrasar la aplicación efectiva del sistema hasta 2029 en aquellas comunidades que apuren los plazos. Para quien ya tiene identificado a su perro de caza, el cambio es mínimo a corto plazo: el microchip actual sigue siendo válido mientras continúe siendo legible, sin necesidad de sustituirlo por la entrada en vigor de la norma.

Lo que vendrá: aclaraciones al Gobierno y a las autonomías

Mientras concluye el análisis jurídico encargado a sus servicios legales, ARRECAL se dirigirá al ministerio competente y a las administraciones autonómicas para exigir que confirmen por escrito que a los perros de caza y de rehala no se les exigirán obligaciones propias de la Ley de Bienestar Animal de las que siguen excluidos. Es un gesto que ya tiene precedente: en julio de 2025, la asociación defendió ante la opinión pública que los datos personales de los cazadores quedarían fuera del alcance de las organizaciones animalistas gracias a esa misma exclusión legal, una interpretación que ahora necesita encaje con la redacción definitiva del decreto y su apoyo expreso en la Ley de Sanidad Animal. «El Gobierno sigue poniendo trabas a quienes ayudamos a controlar estas poblaciones sin valorar lo que ocurrirá cuando cada vez menos personas puedan mantener esta actividad. Después, los problemas los pagará todo el mundo», ha advertido Vegue, en referencia al papel de la caza con rehalas en el control de especies cinegéticas sobreabundantes y en la prevención de daños agrícolas, accidentes de tráfico y riesgos sanitarios asociados a esas poblaciones. «Mientras tanto, pedimos a los cazadores y rehaleros tranquilidad y rigor», ha concluido el presidente de ARRECAL, que ha anunciado que mantendrá informados a sus socios sobre los pasos a seguir mientras avanza el proceso de revisión del decreto.

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