La Real Federación Española de Caza va a interponer un Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de la Audiencia Nacional contra la Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre, por la que se modifica el Anexo en el que se incluye al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Contando con la asesoría jurídica, técnica y científica de la Fundación Artemisan, la RFEC va a recurrir la orden publicada hoy en el BOE donde el lobo deja de gestionarse a través de acciones cinegéticas, ya que no hay criterios científicos, censos actualizados o una estrategia de conservación y gestión que avalen la necesidad de esta especial protección.
Amparándose en supuestos criterios científicos, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) va a eliminar, por simple ideología anticaza, los distintos planes de gestión del lobo que están permitiendo recuperar sus poblaciones y su convivencia con la ganadería extensiva. Además, la protección de la especie que se lleva aplicando desde 1992 al sur del Duero no ha funcionado ya que, lejos de permitir crecer las poblaciones, prácticamente han desaparecido.
Para el presidente de la RFEC, Manuel Gallardo, «este es un capítulo más de la hoja de ruta que tiene el MITECO para para intentar acabar con la caza en nuestro país». «Una vez más, desde el Gobierno se anteponen los deseos de ecologistas y animalistas de salón al desarrollo del mundo rural, que se verá sentenciado en un futuro muy próximo si el Gobierno continúa con su deriva pseudoecologista y anticaza». Por ello, pide al Gobierno “que se ponga a trabajar para conocer la situación real de la especie y después, tome decisiones».
Dejación de funciones
La entidad federativa entiende esta prohibición como un nuevo ataque contra la caza, la ganadería y todo el mundo rural para satisfacer a colectivos ecologistas que nada han hecho por el lobo y recuerda que el Gobierno ha llevado a cabo la prohibición tras años sin trabajar por esta especie.
La Federación denuncia la dejación absoluta de funciones por parte del Estado, que lleva sin actualizar desde el año 2005 una estrategia de conservación y gestión del lobo que debería revisarse, como mucho, cada 10 años. Además, se desconoce la situación real de las poblaciones al no realizarse censos poblacionales desde el año 2014. Esta ausencia de control demuestra la falta de criterios y razones científicas para justificar una medida que no ha contado con la participación de ganaderos, representantes del sector cinegético, la comunidad científica o las propias CCAA que llevan años gestionando el lobo.
