La Real Federación Española de Caza ha trasladado a los ministerios de Agricultura, Transición Ecológica, Trabajo e Industria, un informe que alerta de las nefastas consecuencias que tendría para los cazadores españoles y todo el mundo rural la prohibición de las municiones de plomo.

En la carta remitida a los ministerios, se ha instado a que rechacen el corto período de transición de 5 años en la aplicación de esta normativa y se profundice en las diferentes alternativas que hagan que el impacto de estas medidas no sea perjudicial ni a los cazadores y cazadoras de este país, ni a la sociedad en general.

Pérdidas millonarias

El informe, encargado por la Federación Europea de Caza y Conservación (FACE) a una consultora independiente, concluye que si se hace realidad una prohibición de las municiones de plomo tras un periodo de transición de 5 años dejaría de cazar el 25% de los cazadores, al menos el 30% cazará con menos frecuencia, y que, además, habría una pérdida económica importante de unos 5.700 millones de euros debido a la reducción de la actividad de caza.

La realización de dicho informe viene ocasionada por la intención de la Comisión Europea de prohibir la utilización del plomo en municiones, tras la solicitud de modificación del Reglamento REACH (Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas) de la institución europea a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA).

Los siete millones de cazadores europeos, en jaque

El presidente federativo, Manuel Gallardo, ha vuelto a denunciar el «trasfondo ideológico de la Comisión cuyo único propósito es acabar con la caza. El Gobierno de España debe decidir si quiere seguir contentando a colectivos ecologistas que nada han hecho por el ecologismo y la naturaleza o si de verdad quiere que prospere el mundo rural».

El coste de reemplazar y modificar millones de armas de fuego por municiones sin plomo, el limitado periodo de tiempo para adaptarse, así como el precio actual de las municiones sin plomo pondrían en jaque a los 7 millones de cazadores europeos.

En este sentido, la RFEC lleva meses trabajando para hacer llegar a la ECHA las incongruencias de la propuesta de la ECHA para modificar el Reglamento REACH y el gran impacto negativo que tendría en el sector.

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