Los Ayuntamientos de Valle de Ancares, Peranzanes, Vega de Espinareda, Villafranca del Bierzo y Fabero, junto con juntas vecinales y asociaciones integradas en la Junta Consultiva de la Reserva Regional de Caza de Ancares, han expresado su total y absoluta disconformidad con la actual gestión del espacio natural.
Así lo han manifestado a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación, en el que denuncian la constante reducción de los planes de caza en la Reserva durante los últimos diez años.
Menos guardería y más furtivismo
Uno de los puntos más críticos señalados en el comunicado es la progresiva disminución de efectivos de guardería en la Reserva. Según explican, esta situación se ha venido observando durante años a pesar de las reiteradas peticiones de los propietarios y participantes en los órganos consultivos del espacio protegido.
La falta de personal ha derivado en un aumento del furtivismo, que se encuentra fuera de control, así como en retrasos en la ejecución de permisos de caza y la tramitación de indemnizaciones por daños causados por la fauna.
Abandono de infraestructuras y fondos sin destino claro
Otro de los puntos que generan mayor preocupación es el deterioro de las infraestructuras dentro de la Reserva. Los representantes locales denuncian el «total abandono» de estas instalaciones, esenciales para la gestión del territorio y la conservación de la biodiversidad.
Además, ponen en entredicho el destino económico de los Fondos de Mejoras y del fondo de la Reserva de Caza, cuya gestión por parte de la Junta de Castilla y León no consideran transparente.
Exigen medidas urgentes
Las administraciones locales y asociaciones firmantes del comunicado instan a la Junta de Castilla y León a que sean los celadores quienes presten servicio en las cacerías colectivas en pareja. También denuncian la ausencia de un plan de control de depredadores, lo que afecta al equilibrio ecológico y puede generar problemas en la fauna de la zona.
Ante esta situación, los ayuntamientos y entidades implicadas exigen medidas concretas y urgentes que permitan solucionar los problemas planteados y mejorar la gestión de la Reserva. En su comunicado, reiteran su «total y absoluto rechazo» a la política actual y alertan de que, de no tomarse medidas, la situación podría derivar en consecuencias graves para la conservación del ecosistema y para las comunidades locales que dependen de la correcta gestión de este espacio protegido.
