El pasado 1 de diciembre de 2020, una comisión promotora compuesta por cazadores afines a la Federación Riojana de Caza presentó en el Parlamento de La Rioja una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la futura Ley de Caza, porque el Gobierno regional había elaborado un borrador con su proyecto de Ley de Gestión Cinegética sin contar con la opinión ni con las aportaciones de ninguna de las partes implicadas en el mundo de la caza.
La ILP fue admitida a trámite y se abría un periodo de tres meses para recoger las 6.000 firmas necesarias para que esta iniciativa pudiera remitirse a la Cámara para su posterior toma en consideración. Sin embargo, desde el principio la Federación Riojana de Caza ha venido sufriendo un «hostigamiento» -como así defiende en un comunicado- por parte del Gobierno, que «intenta obstaculizar una recogida de firmas que es popular, legal y limpia».
En febrero ya presentó un recurso ante el Parlamento
Ya en el mes de febrero este organismo se vio obligado a presentar ante el Parlamento un recurso porque se indicaba que esta campaña debía iniciarse ese mismo mes de febrero, cuando La Rioja se encontraba en pleno confinamiento perimetral de municipios y estaba cerrada toda la actividad no esencial.
El pasado 10 de abril, en Logroño se llevó a cabo una jornada de recogida de firmas popular, ya que el objetivo es trasladar a la sociedad riojana el debate sobre el futuro de la actividad cinegética en la comunidad, por lo que se buscan los apoyos de personas ajenas al mundo de la caza. «El éxito de esta jornada fue absoluto», explican desde la Federación.
Enviaron a las fuerzas de orden público a la recogida de firmas
«Resulta curioso que ese mismo día, a través de la Delegación del Gobierno central en La Rioja, se mandaran a las fuerzas de orden público a un establecimiento en otro municipio riojano, Cenicero, donde también se recogían firmas, impidiendo el normal desarrollo de una recogida de apoyos de los ciudadanos riojanos a una futura normativa», denuncian.
Desde el Gobierno de La Rioja se alegó -según se ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación- que en esa localidad se estaban incumpliendo los requisitos que marca la propia normativa para su recogida, aunque desde la Federación se desconoce en qué términos porque nadie les ha comunicado nada.
Fue la propia la Federación la que realizó los pliegos -donde se cogen las firmas- que tuvieron que presentar por dos veces en el Parlamento puesto que no les indicaban lo que tenían que hacer. En ellos aparecen el texto de la proposición y las hojas selladas por la Cámara. Asimismo, desde la Territorial se instruyeron unas normas para que estas fueran cogidas de manera correcta -no se pueden hacer fotocopias, los datos que tienen que figurar, que solo pueden firmar riojanos y riojanas mayores de 18 años censados en la comunidad, etc.- Unas normas que en ningún momento son diferentes del procedimiento que se han seguido en otras iniciativas legislativas populares.
«Es extraño y cuando menos significativo que el requerimiento a la Delegación del Gobierno llegase por parte del Parlamento», siguen lamentando. «Esta acción instigada por la Cámara regional solo tiene el objetivo de desprestigiar una recogida de firmas y parar en seco una campaña que estaba consiguiendo muchos apoyos, también de personas ajenas al mundo de la caza», añaden a Jara y Sedal.
«Intervenir a estas alturas es vulnerar un derecho fundamental»
Solo en dos ocasiones, a nivel nacional, se había intervenido antes en el desarrollo de una ILP y ambas estuvieron relacionadas con el referéndum para la independencia de Cataluña. «Intervenir a estas alturas, a la mitad de la campaña de recogida de firmas, es vulnerar un derecho fundamental que está reconocido en la Constitución Española», señalan. La propia ILP tiene sus propios mecanismos de control, de verificación de firmas -que corresponde a la Junta Electoral- «y no se entiende por qué no se espera al plazo fijado (13 de junio) para verificarlas o atender a cualquier cuestión que haya podido surgir».
7. 000 federados riojanos
La Federación Riojana de Caza cuenta con 7.000 federados y la actividad relacionada con la caza es en la comunidad la segunda en importancia -solo por detrás del fútbol- en cuanto a número de federados y practicantes. La Federación ha pedido pliegos para 40.000 firmas en vista de los apoyos que estaba logrando. Esto supondría más del 15% de los electores de la región.
La ILP en lo que se fundamenta es en la caza social, como existe actualmente en La Rioja, gestionada por ayuntamientos y sociedades de cazadores, no como un negocio lucrativo que es lo que se desprende de la proposición de ley que presentó el Gobierno regional. El texto elaborado por la Federación apuesta por una caza social que defiende el mundo rural y que supone una fuente de ingresos para ayuntamientos y mancomunidades y no para nadie en particular. Y que esté gestionada por sociedades locales.
Por todo ello, si la paralización de la recogida de firmas se hace efectiva, como así parece que se ha trasmitido desde la Mesa del Parlamento a los medios de comunicación, se pondrán en marcha todos los mecanismos legales que estén al alcance de la Federación, sin descartar acudir a los tribunales, en concreto al Constitucional por entender que se está vulnerando un derecho constitucional. Además, la Mesa del Parlamento no es un órgano que tenga competencia para suspender o interrumpir un proceso de Iniciativa Legislativa Popular.
